Tocopilla se encuentra consternada tras la inesperada noticia del fallecimiento del exalcalde Luis Moyano Cruz, confirmado por la directiva de la Democracia Cristiana local. Moyano Cruz habría muerte por causas naturales, según las primeras informaciones. Luis Moyano Cruz fue una figura destacada en la política local, desempeñándose como alcalde de Tocopilla en tres periodos a lo largo de su carrera, dos de ellos de manera consecutiva. A pesar de su retiro temporal, había anunciado su intención de regresar a la administración municipal como candidato independiente en las elecciones de octubre de este año. El impacto de su fallecimiento se ha reflejado en las redes sociales, donde familiares, amigos y ciudadanos expresan sus condolencias y recuerdan su legado.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ordenado a la empresa SQM Salar S.A. la implementación de medidas urgentes para mitigar el impacto ambiental de su proyecto de expansión en la planta de carbonato de litio, ubicada en el Salar del Carmen, comuna de Antofagasta. La medida responde a preocupaciones sobre la afectación a la fauna silvestre en el área. El proyecto, que busca aumentar la capacidad de producción de la planta, incluye la construcción de grandes piscinas industriales que generan espejos de agua. Estas piscinas han provocado confusión entre las aves locales, que podrían verse atraídas hacia estos espejos de agua y quedar en peligro. En su resolución de calificación ambiental, la SMA había establecido que SQM Salar debía implementar varias medidas de protección. Estas incluían la instalación de cercos perimetrales alrededor de las piscinas, la prohibición de perros y otros animales domésticos en el área, el uso de dispositivos ahuyentadores de aves y el manejo adecuado de los residuos domésticos. Sin embargo, durante una reciente fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se encontró que los cercos no estaban instalados correctamente y que los sistemas de sonido ahuyentadores sólo cubrían un 42,1% de la superficie de las pozas. Además, se observó la presencia de aves en áreas supuestamente protegidas por estos dispositivos. El informe del SAG también reveló que, en lo que va del año 2024, se han registrado 45 incidentes de afectación a avifauna, incluyendo 25 golondrinas de mar de collar (Oceanodroma hornbyi), una especie en estado de conservación vulnerable. Asimismo, se encontraron indicios de presencia de perros domésticos en la zona. En respuesta, la SMA ha ordenado a SQM Salar que cierre todos los perímetros de las piscinas de manera continua y efectiva para evitar la entrada de fauna. Este trabajo deberá estar completado en los próximos 30 días. Además, la empresa debe capacitar a su personal sobre la prohibición de animales domésticos y garantizar la disposición adecuada de residuos en contenedores herméticos. La implementación de estas medidas también debe ser reportada dentro de los próximos 15 días. Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, enfatizó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales: El objetivo de las medidas ordenadas es el resguardo de las especies involucradas. Es un imperativo que las empresas no sólo cuenten con una RCA para el funcionamiento de sus operaciones, sino que también deban velar por el correcto cumplimiento de las exigencias que aquello conlleva y que están claramente descritas en el permiso ambiental.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Tras el partido entre Cobreloa y Colo Colo en el Campeonato Nacional, una batalla campal estalló en el Aeropuerto El Loa de Calama, protagonizada por barristas de ambos equipos. Los enfrentamientos, que incluyeron el uso de sillas y otros elementos contundentes como fierros, fueron captados en video y compartidos en redes sociales. Según se puede apreciar en las imágenes, el conflicto se desencadenó después del partido, cuando los fanáticos de Cobreloa, conocidos como Huracán Naranja, arremetieron en grupo contra los seguidores de Colo Colo, conocidos como Garra Blanca. Los barristas locales se mostraron especialmente agresivos, llegando a amenazar a los rivales y a incitar a la violencia. Uno de los videos muestra a un miembro de la barra calameña gritando los vamos a matar mientras alentaba a sus compañeros a robar ropa del equipo rival. En medio del caos, varios barristas de Cobreloa exhibieron objetos pertenecientes a Colo Colo, que, según se reporta, fueron robados durante la confrontación. Entre los artículos recuperados se encontraba un supuestotrofeo obtenido como resultado de la violencia entre las fanaticadas. Incidentes en el aeropuerto de Calama entre Barristas de la Garra Blanca ( Colo Colo ) VS Barristas de Huracan Naranja ( Cobreloa ) Segun cuentan los loinos los fueron a buscar al aeropuerto para pelear pic.twitter.com/2YL8pcYz4e — Reskates y pakeos barras Chile (@reskateschile) September 2, 2024
Tocopilla se encuentra consternada tras la inesperada noticia del fallecimiento del exalcalde Luis Moyano Cruz, confirmado por la directiva de la Democracia Cristiana local. Moyano Cruz habría muerte por causas naturales, según las primeras informaciones. Luis Moyano Cruz fue una figura destacada en la política local, desempeñándose como alcalde de Tocopilla en tres periodos a lo largo de su carrera, dos de ellos de manera consecutiva. A pesar de su retiro temporal, había anunciado su intención de regresar a la administración municipal como candidato independiente en las elecciones de octubre de este año. El impacto de su fallecimiento se ha reflejado en las redes sociales, donde familiares, amigos y ciudadanos expresan sus condolencias y recuerdan su legado.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ordenado a la empresa SQM Salar S.A. la implementación de medidas urgentes para mitigar el impacto ambiental de su proyecto de expansión en la planta de carbonato de litio, ubicada en el Salar del Carmen, comuna de Antofagasta. La medida responde a preocupaciones sobre la afectación a la fauna silvestre en el área. El proyecto, que busca aumentar la capacidad de producción de la planta, incluye la construcción de grandes piscinas industriales que generan espejos de agua. Estas piscinas han provocado confusión entre las aves locales, que podrían verse atraídas hacia estos espejos de agua y quedar en peligro. En su resolución de calificación ambiental, la SMA había establecido que SQM Salar debía implementar varias medidas de protección. Estas incluían la instalación de cercos perimetrales alrededor de las piscinas, la prohibición de perros y otros animales domésticos en el área, el uso de dispositivos ahuyentadores de aves y el manejo adecuado de los residuos domésticos. Sin embargo, durante una reciente fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se encontró que los cercos no estaban instalados correctamente y que los sistemas de sonido ahuyentadores sólo cubrían un 42,1% de la superficie de las pozas. Además, se observó la presencia de aves en áreas supuestamente protegidas por estos dispositivos. El informe del SAG también reveló que, en lo que va del año 2024, se han registrado 45 incidentes de afectación a avifauna, incluyendo 25 golondrinas de mar de collar (Oceanodroma hornbyi), una especie en estado de conservación vulnerable. Asimismo, se encontraron indicios de presencia de perros domésticos en la zona. En respuesta, la SMA ha ordenado a SQM Salar que cierre todos los perímetros de las piscinas de manera continua y efectiva para evitar la entrada de fauna. Este trabajo deberá estar completado en los próximos 30 días. Además, la empresa debe capacitar a su personal sobre la prohibición de animales domésticos y garantizar la disposición adecuada de residuos en contenedores herméticos. La implementación de estas medidas también debe ser reportada dentro de los próximos 15 días. Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, enfatizó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales: El objetivo de las medidas ordenadas es el resguardo de las especies involucradas. Es un imperativo que las empresas no sólo cuenten con una RCA para el funcionamiento de sus operaciones, sino que también deban velar por el correcto cumplimiento de las exigencias que aquello conlleva y que están claramente descritas en el permiso ambiental.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Tras el partido entre Cobreloa y Colo Colo en el Campeonato Nacional, una batalla campal estalló en el Aeropuerto El Loa de Calama, protagonizada por barristas de ambos equipos. Los enfrentamientos, que incluyeron el uso de sillas y otros elementos contundentes como fierros, fueron captados en video y compartidos en redes sociales. Según se puede apreciar en las imágenes, el conflicto se desencadenó después del partido, cuando los fanáticos de Cobreloa, conocidos como Huracán Naranja, arremetieron en grupo contra los seguidores de Colo Colo, conocidos como Garra Blanca. Los barristas locales se mostraron especialmente agresivos, llegando a amenazar a los rivales y a incitar a la violencia. Uno de los videos muestra a un miembro de la barra calameña gritando los vamos a matar mientras alentaba a sus compañeros a robar ropa del equipo rival. En medio del caos, varios barristas de Cobreloa exhibieron objetos pertenecientes a Colo Colo, que, según se reporta, fueron robados durante la confrontación. Entre los artículos recuperados se encontraba un supuestotrofeo obtenido como resultado de la violencia entre las fanaticadas. Incidentes en el aeropuerto de Calama entre Barristas de la Garra Blanca ( Colo Colo ) VS Barristas de Huracan Naranja ( Cobreloa ) Segun cuentan los loinos los fueron a buscar al aeropuerto para pelear pic.twitter.com/2YL8pcYz4e — Reskates y pakeos barras Chile (@reskateschile) September 2, 2024
