El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzó nuevas críticas hacia la gestión de seguridad realizada por el presidente Gabriel Boric. En un contexto donde la preocupación por la seguridad ciudadana se ha vuelto un tema central, Matthei señaló que el gobierno carece tanto de las competencias como de la voluntad necesaria para hacer frente a la crisis que atraviesa el país en esta materia. Estas declaraciones surgieron en medio de la solicitud realizada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien pidió apoyo militar para su territorio con el fin de hacer frente a los actos delictuales. Matthei, aunque afirmó no querer entrar en polémica directa con el presidente, expresó que la gente percibe que estamos peor que hace 2 años. Respecto a la posibilidad de un despliegue militar en las calles de la Región Metropolitana, la alcaldesa de Providencia insistió en que no sería oportuno, argumentando que los militares no están debidamente capacitados para tal labor. Sin embargo, Matthei hizo hincapié en la necesidad de actualizar el reglamento del uso de la fuerza, con el objetivo de evitar que los militares sean acusados de violaciones a los derechos humanos al momento de utilizar sus armas.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ofreció una entrevista a La Tercera en la que abordó diversos aspectos del panorama nacional de seguridad y entregó sus apreciaciones sobre los avances realizados en la materia durante la administración del presidente Gabriel Boric. Tohá afirmó que hoy tenemos elementos muy sólidos para afirmar que el país va por un mejor camino que cuando llegamos. Y lo digo en todos los sentidos: sociales, políticos, económicos y de seguridad . Destacó la implementación de políticas, la existencia de una agenda y los cambios en la Macrozona Sur y la zona norte como ejemplos concretos de progreso. Aunque reconoció que los desafíos no están completamente resueltos, aseguró que la situación está más estabilizada en comparación con el inicio de la gestión. Sin embargo, la ministra admitió que los números muestran que estamos mejor, en la vida de las personas eso no se percibe. Identificó tres desafíos cruciales para el gobierno: lograr que la ciudadanía perciba un mejor momento económico y un mayor control de la seguridad, dar respuestas concretas en materia de pensiones y pacto fiscal, y fortalecer la alianza gubernamental en vista de los próximos eventos electorales. Carolina Tohá también reflexionó sobre la importancia de la seguridad en el bienestar de la ciudadanía y los desafíos que enfrenta el progresismo en este ámbito. Lo importante es asumir que no hay proyecto progresista , no hay manera de ofrecer un camino de cambios sociales si no le entregas niveles básicos de tranquilidad a la vida diaria de la gente. Esa es la base de cualquier agenda progresista. Si alguien pensaba que podía ser progresista desentendiéndose de la seguridad, bueno, en este gobierno hemos demostrado que no creemos en eso. T enemos otra opinión y hemos actuado en consecuencia. En referencia al reciente secuestro y homicidio del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda, Tohá expresó su conmoción y calificó el crimen como una atrocidad inconmensurable . A pesar de la gravedad del caso, destacó la eficacia policial, señalando que en tan solo 10 días se había logrado la detención de un sospechoso y la identificación de otros involucrados. Subrayó el compromiso del gobierno para esclarecer el crimen y descubrir los motivos detrás de este lamentable suceso.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzó nuevas críticas hacia la gestión de seguridad realizada por el presidente Gabriel Boric. En un contexto donde la preocupación por la seguridad ciudadana se ha vuelto un tema central, Matthei señaló que el gobierno carece tanto de las competencias como de la voluntad necesaria para hacer frente a la crisis que atraviesa el país en esta materia. Estas declaraciones surgieron en medio de la solicitud realizada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien pidió apoyo militar para su territorio con el fin de hacer frente a los actos delictuales. Matthei, aunque afirmó no querer entrar en polémica directa con el presidente, expresó que la gente percibe que estamos peor que hace 2 años. Respecto a la posibilidad de un despliegue militar en las calles de la Región Metropolitana, la alcaldesa de Providencia insistió en que no sería oportuno, argumentando que los militares no están debidamente capacitados para tal labor. Sin embargo, Matthei hizo hincapié en la necesidad de actualizar el reglamento del uso de la fuerza, con el objetivo de evitar que los militares sean acusados de violaciones a los derechos humanos al momento de utilizar sus armas.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ofreció una entrevista a La Tercera en la que abordó diversos aspectos del panorama nacional de seguridad y entregó sus apreciaciones sobre los avances realizados en la materia durante la administración del presidente Gabriel Boric. Tohá afirmó que hoy tenemos elementos muy sólidos para afirmar que el país va por un mejor camino que cuando llegamos. Y lo digo en todos los sentidos: sociales, políticos, económicos y de seguridad . Destacó la implementación de políticas, la existencia de una agenda y los cambios en la Macrozona Sur y la zona norte como ejemplos concretos de progreso. Aunque reconoció que los desafíos no están completamente resueltos, aseguró que la situación está más estabilizada en comparación con el inicio de la gestión. Sin embargo, la ministra admitió que los números muestran que estamos mejor, en la vida de las personas eso no se percibe. Identificó tres desafíos cruciales para el gobierno: lograr que la ciudadanía perciba un mejor momento económico y un mayor control de la seguridad, dar respuestas concretas en materia de pensiones y pacto fiscal, y fortalecer la alianza gubernamental en vista de los próximos eventos electorales. Carolina Tohá también reflexionó sobre la importancia de la seguridad en el bienestar de la ciudadanía y los desafíos que enfrenta el progresismo en este ámbito. Lo importante es asumir que no hay proyecto progresista , no hay manera de ofrecer un camino de cambios sociales si no le entregas niveles básicos de tranquilidad a la vida diaria de la gente. Esa es la base de cualquier agenda progresista. Si alguien pensaba que podía ser progresista desentendiéndose de la seguridad, bueno, en este gobierno hemos demostrado que no creemos en eso. T enemos otra opinión y hemos actuado en consecuencia. En referencia al reciente secuestro y homicidio del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda, Tohá expresó su conmoción y calificó el crimen como una atrocidad inconmensurable . A pesar de la gravedad del caso, destacó la eficacia policial, señalando que en tan solo 10 días se había logrado la detención de un sospechoso y la identificación de otros involucrados. Subrayó el compromiso del gobierno para esclarecer el crimen y descubrir los motivos detrás de este lamentable suceso.
