La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará este viernes una nueva audiencia de reformalización en el Centro de Justicia de Santiago. La Corte de Apelaciones autorizó a la Municipalidad de Maipú a reincorporarse como querellante en el caso que la exautoridad enfrenta por presuntos delitos económicos. Previo a su traslado al tribunal, Barriga expresó su cansancio, reiterando su inocencia y minimizando la posibilidad de que su arresto domiciliario pueda ser reemplazado por una medida cautelar más severa. Las personas inocentes no deberían estar en una cautelar como la mía tampoco , manifestó la exalcaldesa. Además, acusó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de impulsar unapersecución en su contra. Él ha gastado cientos de millones en esta querella, y nadie lo menciona , señaló. El caos se desató a su llegada al tribunal, donde la prensa intentó obtener declaraciones, provocando confusión y algunos incidentes. A pesar de la presión, Barriga evitó responder a los medios. La causa ha sido objeto de múltiples recursos judiciales, incluyendo un intento de la defensa de Barriga por excluir a la Municipalidad como parte querellante, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional en julio. No obstante, la Corte de Apelaciones acogió recientemente un recurso presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC), permitiendo su regreso como querellante antes de la reformalización de la exalcaldesa.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará este viernes una nueva audiencia de reformalización en el Centro de Justicia de Santiago. La Corte de Apelaciones autorizó a la Municipalidad de Maipú a reincorporarse como querellante en el caso que la exautoridad enfrenta por presuntos delitos económicos. Previo a su traslado al tribunal, Barriga expresó su cansancio, reiterando su inocencia y minimizando la posibilidad de que su arresto domiciliario pueda ser reemplazado por una medida cautelar más severa. Las personas inocentes no deberían estar en una cautelar como la mía tampoco , manifestó la exalcaldesa. Además, acusó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de impulsar unapersecución en su contra. Él ha gastado cientos de millones en esta querella, y nadie lo menciona , señaló. El caos se desató a su llegada al tribunal, donde la prensa intentó obtener declaraciones, provocando confusión y algunos incidentes. A pesar de la presión, Barriga evitó responder a los medios. La causa ha sido objeto de múltiples recursos judiciales, incluyendo un intento de la defensa de Barriga por excluir a la Municipalidad como parte querellante, lo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional en julio. No obstante, la Corte de Apelaciones acogió recientemente un recurso presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC), permitiendo su regreso como querellante antes de la reformalización de la exalcaldesa.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor. Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno. El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación. La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar. El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una bonificación de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros. En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
