En el marco de la conmemoración de la nacionalización del cobre y el Día de la Dignidad Nacional, el presidente Gabriel Boric realizó una intensa jornada en la ciudad de Calama, resaltando la importancia histórica y económica de la industria minera para Chile. El mandatario inició su día en el Centro Integrado de Operaciones de la Mina Chuquicamata, acompañado por la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente del directorio, Máximo Pacheco. En este lugar, el presidente se reunió con estudiantes de tercero y cuarto medio del Liceo Técnico Cesario Aguirre de la provincia de El Loa, quienes participan activamente en el programa Pensamiento Minero Codelco 2030. Posteriormente, el presidente exploró Chuquicamata subterránea, destacando la importancia de este lugar como símbolo de la soberanía nacional sobre sus recursos minerales. La visita culminó con su participación en la ceremonia de conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre, celebrada en el club ubicado dentro del campamento minero, cuyo centro cívico ha sido reconocido como monumento nacional. Durante sus reflexiones, el presidente Boric también abordó el reciente incidente en la mina Pampa Camarones en Arica, donde un trabajador estuvo atrapado durante aproximadamente 30 horas tras un derrumbe, siendo finalmente rescatado con vida.Quiero agradecer a todos quienes hicieron eso posible, enfatizó Boric. En su primera visita a Chuquicamata, el mandatario subrayó la relevancia histórica de este lugar: Esta visita es muy significativa porque me permitió conocer el centro de operaciones. Chuqui simboliza la decisión soberana que tomó nuestro país de hacerse dueño del cobre y tomar en sus manos su destino, declaró. Asimismo, destacó que la nacionalización del cobre fue un hito crucial para la independencia económica de Chile.
El Presidente Gabriel Boric afirmó que Chile no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las recientes tensiones derivadas de las declaraciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Este último acusó a la inteligencia chilena de estar involucrada en el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Durante una entrevista con CNN Chile Radio, Boric indicó que ha instruido al canciller Alberto van Klaveren para que emita una nota de protesta formal en respuesta a las acusaciones. Además, criticó la negativa de Saab de extraditar a los dos sospechosos del crimen, si estos son detenidos en territorio venezolano, donde las autoridades chilenas creen que se encuentran. El Mandatario subrayó que la manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar , y argumentó que, aunque existan diferencias significativas con otros países, romper relaciones no es una solución efectiva. Citó ejemplos históricos para apoyar su postura, recordando que el gobierno de Salvador Allende no rompió relaciones con Estados Unidos pese a la injerencia, y que EE.UU. tampoco rompió lazos con Chile tras el atentado que resultó en la muerte de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington. Boric criticó las bravatas en política internacional y defendió un enfoque basado en el trabajo serio y sostenido. Afirmó que su administración seguirá defendiendo la seriedad y responsabilidad de las instituciones chilenas. Además, el Presidente reiteró su apoyo al Ministerio Público en la investigación del caso Ojeda, destacando que la entidad ha demostrado su capacidad para obtener resultados concretos. En este contexto, el diputado RN Diego Schalper ha pedido que Boric vuelva a llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien ya fue convocado en abril pasado, poco antes de que la Fiscalía chilena sugiriera que el crimen fue organizado en Venezuela.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
En el marco de la conmemoración de la nacionalización del cobre y el Día de la Dignidad Nacional, el presidente Gabriel Boric realizó una intensa jornada en la ciudad de Calama, resaltando la importancia histórica y económica de la industria minera para Chile. El mandatario inició su día en el Centro Integrado de Operaciones de la Mina Chuquicamata, acompañado por la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente del directorio, Máximo Pacheco. En este lugar, el presidente se reunió con estudiantes de tercero y cuarto medio del Liceo Técnico Cesario Aguirre de la provincia de El Loa, quienes participan activamente en el programa Pensamiento Minero Codelco 2030. Posteriormente, el presidente exploró Chuquicamata subterránea, destacando la importancia de este lugar como símbolo de la soberanía nacional sobre sus recursos minerales. La visita culminó con su participación en la ceremonia de conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre, celebrada en el club ubicado dentro del campamento minero, cuyo centro cívico ha sido reconocido como monumento nacional. Durante sus reflexiones, el presidente Boric también abordó el reciente incidente en la mina Pampa Camarones en Arica, donde un trabajador estuvo atrapado durante aproximadamente 30 horas tras un derrumbe, siendo finalmente rescatado con vida.Quiero agradecer a todos quienes hicieron eso posible, enfatizó Boric. En su primera visita a Chuquicamata, el mandatario subrayó la relevancia histórica de este lugar: Esta visita es muy significativa porque me permitió conocer el centro de operaciones. Chuqui simboliza la decisión soberana que tomó nuestro país de hacerse dueño del cobre y tomar en sus manos su destino, declaró. Asimismo, destacó que la nacionalización del cobre fue un hito crucial para la independencia económica de Chile.
El Presidente Gabriel Boric afirmó que Chile no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las recientes tensiones derivadas de las declaraciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Este último acusó a la inteligencia chilena de estar involucrada en el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Durante una entrevista con CNN Chile Radio, Boric indicó que ha instruido al canciller Alberto van Klaveren para que emita una nota de protesta formal en respuesta a las acusaciones. Además, criticó la negativa de Saab de extraditar a los dos sospechosos del crimen, si estos son detenidos en territorio venezolano, donde las autoridades chilenas creen que se encuentran. El Mandatario subrayó que la manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar , y argumentó que, aunque existan diferencias significativas con otros países, romper relaciones no es una solución efectiva. Citó ejemplos históricos para apoyar su postura, recordando que el gobierno de Salvador Allende no rompió relaciones con Estados Unidos pese a la injerencia, y que EE.UU. tampoco rompió lazos con Chile tras el atentado que resultó en la muerte de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington. Boric criticó las bravatas en política internacional y defendió un enfoque basado en el trabajo serio y sostenido. Afirmó que su administración seguirá defendiendo la seriedad y responsabilidad de las instituciones chilenas. Además, el Presidente reiteró su apoyo al Ministerio Público en la investigación del caso Ojeda, destacando que la entidad ha demostrado su capacidad para obtener resultados concretos. En este contexto, el diputado RN Diego Schalper ha pedido que Boric vuelva a llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien ya fue convocado en abril pasado, poco antes de que la Fiscalía chilena sugiriera que el crimen fue organizado en Venezuela.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
