La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 18%, según los resultados de la encuesta Agenda Criteria publicada este domingo 15 de noviembre, convirtiéndose en el registro más bajo del mandatario desde el inicio de su administración, en marzo de 2026. La medición mostró una disminución de seis puntos porcentuales respecto de la semana anterior, cuando el respaldo presidencial alcanzaba el 24%. En paralelo, la desaprobación aumentó cinco puntos y se situó en un 72%, mientras que el 10% de los encuestados declaró no tener una posición definida sobre la gestión del jefe de Estado. El sondeo también abordó las expectativas económicas de los hogares, la controversia relacionada con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el reciente paro de camioneros que afectó a distintas regiones del país. Kast registra su menor aprobación desde el inicio del Gobierno Los resultados de Agenda Criteria muestran una nueva variación negativa en la evaluación presidencial, ampliando la diferencia entre aprobación y desaprobación a 54 puntos porcentuales. Al comparar las cifras con el inicio de la administración, el contraste es significativo. En la primera medición de marzo, Kast registraba un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación. Ocho meses después, el respaldo al mandatario se encuentra en el 18%, mientras que el rechazo alcanza el 72%. La cifra de aprobación coincide con el porcentaje registrado por el expresidente Sebastián Piñera en una encuesta Criteria de diciembre de 2021, durante su segundo mandato. No obstante, las mediciones corresponden a períodos políticos distintos y no permiten establecer por sí solas una equivalencia entre ambas administraciones. Un 60% cree que la economía chilena empeorará en seis meses La encuesta también reflejó un aumento de las expectativas económicas negativas entre los participantes. Según los resultados, el 60% considera que la economía nacional estará peor durante los próximos seis meses, lo que representa un incremento de 11 puntos respecto de octubre. En contraste, apenas un 13% espera que la situación económica del país mejore, diez puntos menos que en la medición anterior. Las proyecciones sobre las finanzas personales siguen una tendencia similar. Un 46% de los encuestados anticipa que la economía de su hogar empeorará, mientras que solo un 15% considera que experimentará una mejora. En materia laboral, un 53% cree que las posibilidades de encontrar empleo o mejorar su actual situación de trabajo serán peores durante el próximo semestre. Por otra parte, un 14% espera mejores oportunidades laborales. Estas cifras reflejan una percepción desfavorable sobre el escenario económico futuro, aunque corresponden a expectativas declaradas por los participantes y no a proyecciones oficiales de crecimiento o empleo. Mayoría rechaza continuidad del ministro Fernando Rabat Otro de los temas incluidos en Agenda Criteria fue la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionado por la controversia relacionada con el otorgamiento de rebajas de condena. De acuerdo con el estudio, un 79% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la decisión del presidente Kast de mantener al secretario de Estado en su cargo. La cifra representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto de la medición del 1 de noviembre. En tanto, un 16% expresó su respaldo a la continuidad del ministro y un 5% no manifestó una posición definida. El desacuerdo se registró entre personas de distintas identificaciones políticas: alcanzó un 92% en la izquierda, un 88% en el centro y un 64% en la derecha. La encuesta también abordó la acusación constitucional anunciada contra Rabat. Entre quienes declararon conocer la iniciativa, un 68% apoyó que la oposición la presentara. Además, un 72% de los consultados manifestó estar de acuerdo con que el ministro pudiera ser destituido mediante este mecanismo constitucional, mientras que un 20% expresó su desacuerdo. Paro de camioneros obtiene un 80% de respaldo en Criteria El reciente paro del transporte de carga también formó parte de la medición. Según Agenda Criteria, un 97% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído información sobre las movilizaciones, mientras que un 80% manifestó estar de acuerdo con el paro. En contraste, un 15% expresó su desacuerdo y un 5% no definió una posición. El respaldo se observó entre participantes de distintos sectores políticos, alcanzando un 90% entre quienes se identificaron con la izquierda, un 86% en el centro y un 72% en la derecha. Respecto de las razones de la movilización, el 88% consideró que las demandas de los camioneros estaban muy o algo justificadas, frente a un 9% que las calificó como poco o nada justificadas. Las protestas se desarrollaron en rechazo al aumento de los combustibles y motivaron negociaciones entre el Gobierno y organizaciones del transporte de carga. Resultados reflejan un escenario de preocupación económica y política La encuesta del 15 de noviembre reunió distintos indicadores de percepción ciudadana en una semana marcada por las movilizaciones de camioneros, el debate sobre el precio de los combustibles y los cuestionamientos al Ministerio de Justicia. El descenso de la aprobación presidencial coincidió con un aumento de las expectativas negativas sobre la economía, el empleo y las finanzas familiares. Sin embargo, los resultados del sondeo no permiten establecer que alguno de estos acontecimientos sea, por sí solo, la causa de la caída en la evaluación presidencial. La nueva medición de Agenda Criteria entrega así una fotografía de las opiniones expresadas por los encuestados, en medio de un escenario de discusión sobre las decisiones económicas y políticas del Ejecutivo.
El presidente José Antonio Kast participó este lunes 16 de noviembre en una ceremonia de homenaje a Ho Chi Minh en Vietnam, donde depositó una ofrenda floral en el mausoleo del histórico dirigente comunista, como parte de las actividades protocolares de su visita de Estado al país asiático. La actividad se desarrolló en Hanói, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, ministros, parlamentarios y representantes diplomáticos que integran la delegación chilena. Sin embargo, el gesto volvió a poner en discusión antiguas declaraciones del propio mandatario, quien en 2017 cuestionó duramente a la entonces presidenta Michelle Bachelet por participar en una ceremonia similar durante su visita oficial a Vietnam. En aquella oportunidad, Kast calificó a Ho Chi Minh como un asesino en serie y criticó a la exmandataria por rendir homenaje al líder revolucionario. Kast participa en ceremonia tradicional durante su visita a Vietnam La entrega de una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh forma parte de las actividades diplomáticas habituales que realizan los jefes de Estado extranjeros durante sus visitas oficiales a Vietnam. El recinto está dedicado al histórico dirigente que proclamó la independencia vietnamita en 1945 y encabezó la República Democrática de Vietnam, convirtiéndose en una de las principales figuras del movimiento comunista del país. La ceremonia también ha sido realizada por otros presidentes chilenos, entre ellos Sebastián Piñera, en 2012, y Michelle Bachelet, en 2017. Desde el Gobierno explicaron que la participación de Kast responde al protocolo diplomático y al carácter institucional de su visita, independientemente de las diferencias ideológicas con el sistema político vietnamita. Las críticas de Kast a Michelle Bachelet en 2017 La ceremonia adquirió especial atención debido a los cuestionamientos que Kast formuló cuando la expresidenta Michelle Bachelet visitó Vietnam hace nueve años. En noviembre de 2017, el entonces dirigente político utilizó sus redes sociales para criticar el homenaje al líder vietnamita, atribuyéndole responsabilidades por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto bélico en ese país. Posteriormente, durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, volvió a cuestionar a Bachelet por participar en la ceremonia. En esa oportunidad, Kast sostuvo que la exmandataria tenía una cercanía ideológica con el comunismo y utilizó el homenaje a Ho Chi Minh como argumento para criticar sus posiciones políticas. Las declaraciones volvieron a circular luego de que el actual presidente realizara el mismo gesto protocolar durante su primera visita oficial a Vietnam como jefe de Estado. En 2020 volvió a cuestionar al histórico líder vietnamita Las críticas de Kast a Ho Chi Minh no se limitaron a 2017. En septiembre de 2020, el entonces dirigente republicano publicó un mensaje relacionado con la canción El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, cuya letra original hace referencia al líder vietnamita. En esa publicación, Kast cuestionó el homenaje musical y atribuyó al antiguo dirigente comunista responsabilidades por numerosas muertes durante los conflictos en Asia. Un año después, durante una entrevista con el diario La Cuarta en el contexto de la campaña presidencial de 2021, nuevamente mencionó a Ho Chi Minh entre las figuras históricas que consideraba responsables de graves crímenes. Las opiniones expresadas en esos años contrastan con su participación en la ceremonia oficial realizada este lunes en Hanói. Canciller defiende el homenaje y destaca las relaciones de Estado Frente a las diferencias entre las declaraciones anteriores y la actual visita presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió el carácter diplomático de la actividad. El canciller sostuvo que el Presidente representa al conjunto del país y que las relaciones internacionales deben desarrollarse considerando los intereses permanentes del Estado chileno. En ese contexto, aseguró que el homenaje no genera incomodidad para la delegación, pese a las diferencias políticas existentes con el régimen vietnamita. El secretario de Estado también destacó que Chile y Vietnam mantienen relaciones diplomáticas y comerciales de larga data, por lo que el objetivo de la visita es continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales. Gira de Kast busca fortalecer comercio e inversiones en Asia La visita a Vietnam forma parte de una gira presidencial que también contempla actividades en China y Japón. Durante su paso por Hanói, Kast participó en el foro empresarial Choose Chile, instancia en la que invitó a inversionistas vietnamitas a desarrollar proyectos en Chile y destacó las oportunidades de cooperación comercial. El mandatario también abordó la posibilidad de ampliar el acceso de productos agroalimentarios chilenos al mercado vietnamita, especialmente carnes y frutas. Además, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente vietnamita, Tô Lâm, en el que ambos países anunciaron su intención de elevar la relación diplomática al nivel de asociación estratégica. La agenda internacional continuará con nuevas reuniones políticas y empresariales destinadas a fortalecer los vínculos económicos de Chile con las principales economías asiáticas. De esta manera, el homenaje a Ho Chi Minh quedó entre los momentos más comentados de la visita presidencial, debido al contraste entre el protocolo diplomático asumido por Kast como jefe de Estado y sus declaraciones anteriores contra el mismo dirigente vietnamita.
La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
El Gobierno de Chile anunció un acuerdo con organizaciones de camioneros para reducir en $142 por litro el precio del diésel y suspender nuevas alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, en una medida destinada a poner fin a la paralización del transporte de carga que se extendió durante tres días. El entendimiento fue confirmado este jueves 12 de noviembre desde La Moneda por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y representantes de organizaciones de transportistas. Tras una reunión de más de tres horas, las autoridades informaron que el acuerdo contempla cinco medidas relacionadas con los precios de los combustibles, la devolución de impuestos y beneficios para distintos segmentos del transporte. Sin embargo, el fin del paro no cuenta con la adhesión de todas las agrupaciones, ya que algunos transportistas independientes anunciaron que continuarán movilizados. ¿Cuánto bajarán el diésel y las bencinas? Uno de los principales puntos del acuerdo establece revertir las últimas alzas aplicadas a los combustibles. En el caso del diésel, se eliminará el incremento de $42 por litro registrado esta semana y se aplicará una rebaja adicional de $100, alcanzando una disminución total comprometida de $142 por litro. Para las gasolinas, en tanto, se contempla revertir el aumento de $39 por litro. Estas modificaciones requieren la aprobación de un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo al Congreso, por lo que su aplicación dependerá de la tramitación legislativa. El Gobierno espera que la iniciativa pueda convertirse en ley durante la próxima semana. Precios de los combustibles tendrán un límite hasta marzo de 2027 El segundo eje del acuerdo establece un mecanismo para impedir que los precios de los combustibles superen determinados valores hasta el 31 de marzo de 2027. La medida considera como referencia los precios del 12 de noviembre, descontando las rebajas comprometidas. De esta forma, el precio máximo del diésel corresponderá al valor de esa fecha menos $142 por litro, mientras que en las gasolinas el límite será de $39 menos que el precio registrado ese mismo día. El mecanismo permitirá que los combustibles continúen bajando si las condiciones internacionales así lo determinan. En caso de posteriores aumentos, estos solo podrán aplicarse hasta alcanzar el límite establecido, sin superarlo durante la vigencia del acuerdo. Camioneros recibirán mayores devoluciones del impuesto específico El acuerdo también contempla modificaciones al sistema de recuperación del impuesto específico al diésel que beneficia al transporte de carga por carretera. Según la propuesta, los porcentajes de devolución aumentarán dependiendo del nivel de ventas anuales de cada empresa. Los nuevos tramos consideran una recuperación del 90% para transportistas con ventas de hasta 6.000 UF, del 65% para aquellos que registren ingresos entre 6.000 y 20.000 UF, y del 50% para empresas con ventas superiores a 20.000 UF. La medida busca reducir los costos operacionales del sector, especialmente entre pequeños y medianos transportistas afectados por los incrementos del combustible. También se contempla un mecanismo de compensación para evitar efectos financieros asociados a períodos en que el impuesto específico presente valores negativos. Acuerdo también beneficia a buses interurbanos Además del transporte de carga, el Ejecutivo anunció medidas dirigidas a empresas de buses que realizan recorridos interurbanos. Entre ellas destaca el aumento del porcentaje de recuperación de peajes, desde el 35% al 70%, lo que permitirá reducir parte de los costos asociados a la operación de estos servicios. El Gobierno también comprometió una mesa de trabajo con representantes del transporte de pasajeros para analizar otras demandas específicas del sector. Hacienda estima costo fiscal de US$500 millones El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el conjunto de medidas tendrá un costo fiscal aproximado de 500 millones de dólares, considerando sus efectos durante 2026 y 2027. Según explicó, la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año. El secretario de Estado aseguró que los recursos necesarios para implementar el acuerdo se encuentran dentro de las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo y que no comprometerían los objetivos de consolidación fiscal. Algunos camioneros mantienen movilizaciones pese al acuerdo Aunque las negociaciones permitieron alcanzar un entendimiento con organizaciones del transporte de carga, el escenario sigue siendo diferente entre los distintos gremios. Representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y otras agrupaciones respaldaron las medidas anunciadas. Sin embargo, transportistas independientes y organizaciones que no suscribieron el acuerdo manifestaron su intención de continuar con las protestas, al considerar que las soluciones ofrecidas no responden completamente a sus demandas. Entre los grupos que expresaron reparos figura el movimiento No + TAG, cuyos representantes cuestionaron la falta de avances respecto de sus propias propuestas. Las movilizaciones pendientes se concentran en algunos sectores del norte y sur del país, además de rutas de acceso a la Región de Valparaíso. Por ahora, el Ejecutivo espera que la implementación de las rebajas y los beneficios tributarios contribuya a normalizar progresivamente las operaciones del transporte de carga. El cumplimiento de los compromisos dependerá de la aprobación legislativa de las medidas y de las definiciones que adopten las organizaciones que todavía mantienen movilizaciones.
El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.
La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 18%, según los resultados de la encuesta Agenda Criteria publicada este domingo 15 de noviembre, convirtiéndose en el registro más bajo del mandatario desde el inicio de su administración, en marzo de 2026. La medición mostró una disminución de seis puntos porcentuales respecto de la semana anterior, cuando el respaldo presidencial alcanzaba el 24%. En paralelo, la desaprobación aumentó cinco puntos y se situó en un 72%, mientras que el 10% de los encuestados declaró no tener una posición definida sobre la gestión del jefe de Estado. El sondeo también abordó las expectativas económicas de los hogares, la controversia relacionada con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el reciente paro de camioneros que afectó a distintas regiones del país. Kast registra su menor aprobación desde el inicio del Gobierno Los resultados de Agenda Criteria muestran una nueva variación negativa en la evaluación presidencial, ampliando la diferencia entre aprobación y desaprobación a 54 puntos porcentuales. Al comparar las cifras con el inicio de la administración, el contraste es significativo. En la primera medición de marzo, Kast registraba un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación. Ocho meses después, el respaldo al mandatario se encuentra en el 18%, mientras que el rechazo alcanza el 72%. La cifra de aprobación coincide con el porcentaje registrado por el expresidente Sebastián Piñera en una encuesta Criteria de diciembre de 2021, durante su segundo mandato. No obstante, las mediciones corresponden a períodos políticos distintos y no permiten establecer por sí solas una equivalencia entre ambas administraciones. Un 60% cree que la economía chilena empeorará en seis meses La encuesta también reflejó un aumento de las expectativas económicas negativas entre los participantes. Según los resultados, el 60% considera que la economía nacional estará peor durante los próximos seis meses, lo que representa un incremento de 11 puntos respecto de octubre. En contraste, apenas un 13% espera que la situación económica del país mejore, diez puntos menos que en la medición anterior. Las proyecciones sobre las finanzas personales siguen una tendencia similar. Un 46% de los encuestados anticipa que la economía de su hogar empeorará, mientras que solo un 15% considera que experimentará una mejora. En materia laboral, un 53% cree que las posibilidades de encontrar empleo o mejorar su actual situación de trabajo serán peores durante el próximo semestre. Por otra parte, un 14% espera mejores oportunidades laborales. Estas cifras reflejan una percepción desfavorable sobre el escenario económico futuro, aunque corresponden a expectativas declaradas por los participantes y no a proyecciones oficiales de crecimiento o empleo. Mayoría rechaza continuidad del ministro Fernando Rabat Otro de los temas incluidos en Agenda Criteria fue la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionado por la controversia relacionada con el otorgamiento de rebajas de condena. De acuerdo con el estudio, un 79% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la decisión del presidente Kast de mantener al secretario de Estado en su cargo. La cifra representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto de la medición del 1 de noviembre. En tanto, un 16% expresó su respaldo a la continuidad del ministro y un 5% no manifestó una posición definida. El desacuerdo se registró entre personas de distintas identificaciones políticas: alcanzó un 92% en la izquierda, un 88% en el centro y un 64% en la derecha. La encuesta también abordó la acusación constitucional anunciada contra Rabat. Entre quienes declararon conocer la iniciativa, un 68% apoyó que la oposición la presentara. Además, un 72% de los consultados manifestó estar de acuerdo con que el ministro pudiera ser destituido mediante este mecanismo constitucional, mientras que un 20% expresó su desacuerdo. Paro de camioneros obtiene un 80% de respaldo en Criteria El reciente paro del transporte de carga también formó parte de la medición. Según Agenda Criteria, un 97% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído información sobre las movilizaciones, mientras que un 80% manifestó estar de acuerdo con el paro. En contraste, un 15% expresó su desacuerdo y un 5% no definió una posición. El respaldo se observó entre participantes de distintos sectores políticos, alcanzando un 90% entre quienes se identificaron con la izquierda, un 86% en el centro y un 72% en la derecha. Respecto de las razones de la movilización, el 88% consideró que las demandas de los camioneros estaban muy o algo justificadas, frente a un 9% que las calificó como poco o nada justificadas. Las protestas se desarrollaron en rechazo al aumento de los combustibles y motivaron negociaciones entre el Gobierno y organizaciones del transporte de carga. Resultados reflejan un escenario de preocupación económica y política La encuesta del 15 de noviembre reunió distintos indicadores de percepción ciudadana en una semana marcada por las movilizaciones de camioneros, el debate sobre el precio de los combustibles y los cuestionamientos al Ministerio de Justicia. El descenso de la aprobación presidencial coincidió con un aumento de las expectativas negativas sobre la economía, el empleo y las finanzas familiares. Sin embargo, los resultados del sondeo no permiten establecer que alguno de estos acontecimientos sea, por sí solo, la causa de la caída en la evaluación presidencial. La nueva medición de Agenda Criteria entrega así una fotografía de las opiniones expresadas por los encuestados, en medio de un escenario de discusión sobre las decisiones económicas y políticas del Ejecutivo.
El presidente José Antonio Kast participó este lunes 16 de noviembre en una ceremonia de homenaje a Ho Chi Minh en Vietnam, donde depositó una ofrenda floral en el mausoleo del histórico dirigente comunista, como parte de las actividades protocolares de su visita de Estado al país asiático. La actividad se desarrolló en Hanói, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, ministros, parlamentarios y representantes diplomáticos que integran la delegación chilena. Sin embargo, el gesto volvió a poner en discusión antiguas declaraciones del propio mandatario, quien en 2017 cuestionó duramente a la entonces presidenta Michelle Bachelet por participar en una ceremonia similar durante su visita oficial a Vietnam. En aquella oportunidad, Kast calificó a Ho Chi Minh como un asesino en serie y criticó a la exmandataria por rendir homenaje al líder revolucionario. Kast participa en ceremonia tradicional durante su visita a Vietnam La entrega de una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh forma parte de las actividades diplomáticas habituales que realizan los jefes de Estado extranjeros durante sus visitas oficiales a Vietnam. El recinto está dedicado al histórico dirigente que proclamó la independencia vietnamita en 1945 y encabezó la República Democrática de Vietnam, convirtiéndose en una de las principales figuras del movimiento comunista del país. La ceremonia también ha sido realizada por otros presidentes chilenos, entre ellos Sebastián Piñera, en 2012, y Michelle Bachelet, en 2017. Desde el Gobierno explicaron que la participación de Kast responde al protocolo diplomático y al carácter institucional de su visita, independientemente de las diferencias ideológicas con el sistema político vietnamita. Las críticas de Kast a Michelle Bachelet en 2017 La ceremonia adquirió especial atención debido a los cuestionamientos que Kast formuló cuando la expresidenta Michelle Bachelet visitó Vietnam hace nueve años. En noviembre de 2017, el entonces dirigente político utilizó sus redes sociales para criticar el homenaje al líder vietnamita, atribuyéndole responsabilidades por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto bélico en ese país. Posteriormente, durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, volvió a cuestionar a Bachelet por participar en la ceremonia. En esa oportunidad, Kast sostuvo que la exmandataria tenía una cercanía ideológica con el comunismo y utilizó el homenaje a Ho Chi Minh como argumento para criticar sus posiciones políticas. Las declaraciones volvieron a circular luego de que el actual presidente realizara el mismo gesto protocolar durante su primera visita oficial a Vietnam como jefe de Estado. En 2020 volvió a cuestionar al histórico líder vietnamita Las críticas de Kast a Ho Chi Minh no se limitaron a 2017. En septiembre de 2020, el entonces dirigente republicano publicó un mensaje relacionado con la canción El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, cuya letra original hace referencia al líder vietnamita. En esa publicación, Kast cuestionó el homenaje musical y atribuyó al antiguo dirigente comunista responsabilidades por numerosas muertes durante los conflictos en Asia. Un año después, durante una entrevista con el diario La Cuarta en el contexto de la campaña presidencial de 2021, nuevamente mencionó a Ho Chi Minh entre las figuras históricas que consideraba responsables de graves crímenes. Las opiniones expresadas en esos años contrastan con su participación en la ceremonia oficial realizada este lunes en Hanói. Canciller defiende el homenaje y destaca las relaciones de Estado Frente a las diferencias entre las declaraciones anteriores y la actual visita presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió el carácter diplomático de la actividad. El canciller sostuvo que el Presidente representa al conjunto del país y que las relaciones internacionales deben desarrollarse considerando los intereses permanentes del Estado chileno. En ese contexto, aseguró que el homenaje no genera incomodidad para la delegación, pese a las diferencias políticas existentes con el régimen vietnamita. El secretario de Estado también destacó que Chile y Vietnam mantienen relaciones diplomáticas y comerciales de larga data, por lo que el objetivo de la visita es continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales. Gira de Kast busca fortalecer comercio e inversiones en Asia La visita a Vietnam forma parte de una gira presidencial que también contempla actividades en China y Japón. Durante su paso por Hanói, Kast participó en el foro empresarial Choose Chile, instancia en la que invitó a inversionistas vietnamitas a desarrollar proyectos en Chile y destacó las oportunidades de cooperación comercial. El mandatario también abordó la posibilidad de ampliar el acceso de productos agroalimentarios chilenos al mercado vietnamita, especialmente carnes y frutas. Además, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente vietnamita, Tô Lâm, en el que ambos países anunciaron su intención de elevar la relación diplomática al nivel de asociación estratégica. La agenda internacional continuará con nuevas reuniones políticas y empresariales destinadas a fortalecer los vínculos económicos de Chile con las principales economías asiáticas. De esta manera, el homenaje a Ho Chi Minh quedó entre los momentos más comentados de la visita presidencial, debido al contraste entre el protocolo diplomático asumido por Kast como jefe de Estado y sus declaraciones anteriores contra el mismo dirigente vietnamita.
La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
El Gobierno de Chile anunció un acuerdo con organizaciones de camioneros para reducir en $142 por litro el precio del diésel y suspender nuevas alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, en una medida destinada a poner fin a la paralización del transporte de carga que se extendió durante tres días. El entendimiento fue confirmado este jueves 12 de noviembre desde La Moneda por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y representantes de organizaciones de transportistas. Tras una reunión de más de tres horas, las autoridades informaron que el acuerdo contempla cinco medidas relacionadas con los precios de los combustibles, la devolución de impuestos y beneficios para distintos segmentos del transporte. Sin embargo, el fin del paro no cuenta con la adhesión de todas las agrupaciones, ya que algunos transportistas independientes anunciaron que continuarán movilizados. ¿Cuánto bajarán el diésel y las bencinas? Uno de los principales puntos del acuerdo establece revertir las últimas alzas aplicadas a los combustibles. En el caso del diésel, se eliminará el incremento de $42 por litro registrado esta semana y se aplicará una rebaja adicional de $100, alcanzando una disminución total comprometida de $142 por litro. Para las gasolinas, en tanto, se contempla revertir el aumento de $39 por litro. Estas modificaciones requieren la aprobación de un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo al Congreso, por lo que su aplicación dependerá de la tramitación legislativa. El Gobierno espera que la iniciativa pueda convertirse en ley durante la próxima semana. Precios de los combustibles tendrán un límite hasta marzo de 2027 El segundo eje del acuerdo establece un mecanismo para impedir que los precios de los combustibles superen determinados valores hasta el 31 de marzo de 2027. La medida considera como referencia los precios del 12 de noviembre, descontando las rebajas comprometidas. De esta forma, el precio máximo del diésel corresponderá al valor de esa fecha menos $142 por litro, mientras que en las gasolinas el límite será de $39 menos que el precio registrado ese mismo día. El mecanismo permitirá que los combustibles continúen bajando si las condiciones internacionales así lo determinan. En caso de posteriores aumentos, estos solo podrán aplicarse hasta alcanzar el límite establecido, sin superarlo durante la vigencia del acuerdo. Camioneros recibirán mayores devoluciones del impuesto específico El acuerdo también contempla modificaciones al sistema de recuperación del impuesto específico al diésel que beneficia al transporte de carga por carretera. Según la propuesta, los porcentajes de devolución aumentarán dependiendo del nivel de ventas anuales de cada empresa. Los nuevos tramos consideran una recuperación del 90% para transportistas con ventas de hasta 6.000 UF, del 65% para aquellos que registren ingresos entre 6.000 y 20.000 UF, y del 50% para empresas con ventas superiores a 20.000 UF. La medida busca reducir los costos operacionales del sector, especialmente entre pequeños y medianos transportistas afectados por los incrementos del combustible. También se contempla un mecanismo de compensación para evitar efectos financieros asociados a períodos en que el impuesto específico presente valores negativos. Acuerdo también beneficia a buses interurbanos Además del transporte de carga, el Ejecutivo anunció medidas dirigidas a empresas de buses que realizan recorridos interurbanos. Entre ellas destaca el aumento del porcentaje de recuperación de peajes, desde el 35% al 70%, lo que permitirá reducir parte de los costos asociados a la operación de estos servicios. El Gobierno también comprometió una mesa de trabajo con representantes del transporte de pasajeros para analizar otras demandas específicas del sector. Hacienda estima costo fiscal de US$500 millones El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el conjunto de medidas tendrá un costo fiscal aproximado de 500 millones de dólares, considerando sus efectos durante 2026 y 2027. Según explicó, la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año. El secretario de Estado aseguró que los recursos necesarios para implementar el acuerdo se encuentran dentro de las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo y que no comprometerían los objetivos de consolidación fiscal. Algunos camioneros mantienen movilizaciones pese al acuerdo Aunque las negociaciones permitieron alcanzar un entendimiento con organizaciones del transporte de carga, el escenario sigue siendo diferente entre los distintos gremios. Representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y otras agrupaciones respaldaron las medidas anunciadas. Sin embargo, transportistas independientes y organizaciones que no suscribieron el acuerdo manifestaron su intención de continuar con las protestas, al considerar que las soluciones ofrecidas no responden completamente a sus demandas. Entre los grupos que expresaron reparos figura el movimiento No + TAG, cuyos representantes cuestionaron la falta de avances respecto de sus propias propuestas. Las movilizaciones pendientes se concentran en algunos sectores del norte y sur del país, además de rutas de acceso a la Región de Valparaíso. Por ahora, el Ejecutivo espera que la implementación de las rebajas y los beneficios tributarios contribuya a normalizar progresivamente las operaciones del transporte de carga. El cumplimiento de los compromisos dependerá de la aprobación legislativa de las medidas y de las definiciones que adopten las organizaciones que todavía mantienen movilizaciones.
El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.