La Superintendencia de Salud ha publicado los resultados del proceso de Adecuación Precio Base (APB) 2026, indicando que ninguna isapre podrá incrementar el valor de sus planes por encima del 3,5%. El superintendente Fernando Riveros ha explicado que se implementará un mecanismo de doble protección para los afiliados. Este proceso opera con dos límites (...) el tope del 3,5% que ninguna Isapre puede exceder y la verificación individual de sus costos reales, detalló Riveros. De acuerdo con la información proporcionada, las isapres que decidan aumentar sus precios deberán cumplir con dos condiciones: Si no pueden demostrarlo, solo podrán ajustar hasta lo que sus costos reales justifiquen, explicó el superintendente. Incluso si los costos de una isapre superan ese porcentaje, se aplicará igualmente el límite máximo. Las personas pueden tener la certeza de que siempre pagarán el precio más bajo posible, añadió la autoridad. El informe detalla las disparidades entre las instituciones: Las isapres tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para notificar a sus afiliados sobre los aumentos. Una vez informados, los usuarios tendrán la posibilidad de: El plazo para estas acciones vence el 31 de mayo de 2026, y en ausencia de respuesta se considerará como aceptación del ajuste. El aumento entrará en vigor a partir de junio de 2026. Desde la entidad se ha enfatizado que no son ellos quienes determinan los incrementos: La Superintendencia no establece ni ordena ajustes (...) nuestro rol es supervisar y proteger a los afiliados, subrayó Riveros. Fuente: Publimetro
Dirigentes de la industria panadera han alertado sobre la posibilidad de un aumento en el precio del pan en las próximas semanas, con un incremento estimado de hasta un 10% por kilo. Esta situación se atribuye principalmente al reciente aumento en el precio de los combustibles, que afecta significativamente a toda la cadena de producción. El impacto de este posible aumento en el precio del pan se espera que se refleje durante el mes de abril y tendría un peso significativo en la economía, ya que es el quinto producto más relevante en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el primero entre todos los alimentos. 'El alza será sí o sí. Ahora, la magnitud de cuánto del incremento del crudo se transmite al gas, que es el insumo clave, es la variable a determinar', aseguró el economista Felipe Alarcón de Euroamerica para La Tercera. Según estimaciones realizadas por Juan Mendiburu, presidente de Indupan, el aumento en el precio del kilo de pan podría situarse en torno al 10%: 'Sin considerar la potencial alza de materias primas, el alza final por kilo de pan podría situarse entre un 5% y un 10%'. Marcelo Alonso, presidente de ChilePan, señaló que gran parte de la cadena de producción se verá afectada por el incremento en los precios de los combustibles, desde la etapa de horneado hasta la distribución en los locales. Explicó que 'El petróleo o el gas son fundamentales (para los hornos), porque no podemos usar leña en Santiago. Después está la cadena de distribución: nuestros principales distribuidores de pan son los almacenes pequeños, que son los que son abastecidos por las panaderías, y el pan se tiene que entregar en vehículos motorizados que son a petróleo, bencina'. Fuente: Meganoticias
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Un estudiante de 18 años acusado de llevar a cabo un ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, región de Antofagasta, quedó en prisión preventiva luego de la trágica muerte de una inspectora del establecimiento el pasado viernes 27 de marzo. La jueza a cargo estableció un plazo de 180 días para la investigación, con una audiencia programada para el 25 de junio y control de plazo para el 28 de septiembre del mismo año. La decisión fue tomada durante la audiencia de formalización, donde el Ministerio Público presentó pruebas que revelan la gravedad del caso y la planificación detrás del ataque. El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, detalló que el acusado enfrenta cargos por homicidio, homicidios frustrados e infracciones a la Ley de Armas. Según informó Antofagasta TV, uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía fue un cuaderno incautado en el domicilio del joven, titulado Día de Ira, donde detallaba sus intenciones y motivaciones para el ataque. El fiscal explicó que el acusado había planificado inicialmente el atentado para el 15 de mayo, apuntando a estudiantes de primero básico como objetivo principal. Además, cualquier persona que se interpusiera en su camino también sería atacada. Peña señaló durante la audiencia que el autor conocía las rutinas y debilidades de seguridad del plantel educativo, demostrando claridad sobre el lugar, objetivos y ejecución del ataque. Aunque no se ha determinado con precisión cuándo comenzó la planificación, la Fiscalía destacó que el nivel de detalle del cuaderno evidencia una preparación previa significativa. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público al considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad. Por lo tanto, se ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo este martes la destitución de varias jefaturas relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda, como parte de un proceso de reestructuración interno impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según un comunicado oficial, las desvinculaciones entrarán en vigencia a partir del miércoles 1 de abril de 2026, y los reemplazos para los puestos vacantes se anunciarán durante ese mismo mes. Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa, señaló la misiva. Entre las personas afectadas por esta decisión se encuentran la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, así como otras autoridades del equipo como Tamara Lagos, Magdalena Garcés y Marcelo Orellana. Por otro lado, el subsecretario Pablo Mira confirmó que tres funcionarios de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda fueron despedidos debido a que ocupaban cargos de exclusiva confianza y no presentaron su renuncia a principios de marzo. Desde el Ejecutivo explicaron que los ajustes buscan mejorar la gestión y el uso de recursos públicos. La Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que los cambios se realizaron considerando criterios como capacidades personales, continuidad en las funciones, liderazgo efectivo y confianza. A pesar de las salidas mencionadas, se garantizó que el Plan Nacional de Búsqueda continuará operando sin interrupciones. Además, se ratificó la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos humanos, incluyendo el Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional de Búsqueda fue establecido en agosto de 2023 durante la gestión del entonces presidente Gabriel Boric. Su propósito es esclarecer sistemáticamente las circunstancias relacionadas con desapariciones forzadas en el país, siguiendo estándares internacionales. Fuente: CNN Chile País
La Superintendencia de Salud ha publicado los resultados del proceso de Adecuación Precio Base (APB) 2026, indicando que ninguna isapre podrá incrementar el valor de sus planes por encima del 3,5%. El superintendente Fernando Riveros ha explicado que se implementará un mecanismo de doble protección para los afiliados. Este proceso opera con dos límites (...) el tope del 3,5% que ninguna Isapre puede exceder y la verificación individual de sus costos reales, detalló Riveros. De acuerdo con la información proporcionada, las isapres que decidan aumentar sus precios deberán cumplir con dos condiciones: Si no pueden demostrarlo, solo podrán ajustar hasta lo que sus costos reales justifiquen, explicó el superintendente. Incluso si los costos de una isapre superan ese porcentaje, se aplicará igualmente el límite máximo. Las personas pueden tener la certeza de que siempre pagarán el precio más bajo posible, añadió la autoridad. El informe detalla las disparidades entre las instituciones: Las isapres tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para notificar a sus afiliados sobre los aumentos. Una vez informados, los usuarios tendrán la posibilidad de: El plazo para estas acciones vence el 31 de mayo de 2026, y en ausencia de respuesta se considerará como aceptación del ajuste. El aumento entrará en vigor a partir de junio de 2026. Desde la entidad se ha enfatizado que no son ellos quienes determinan los incrementos: La Superintendencia no establece ni ordena ajustes (...) nuestro rol es supervisar y proteger a los afiliados, subrayó Riveros. Fuente: Publimetro
Dirigentes de la industria panadera han alertado sobre la posibilidad de un aumento en el precio del pan en las próximas semanas, con un incremento estimado de hasta un 10% por kilo. Esta situación se atribuye principalmente al reciente aumento en el precio de los combustibles, que afecta significativamente a toda la cadena de producción. El impacto de este posible aumento en el precio del pan se espera que se refleje durante el mes de abril y tendría un peso significativo en la economía, ya que es el quinto producto más relevante en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el primero entre todos los alimentos. 'El alza será sí o sí. Ahora, la magnitud de cuánto del incremento del crudo se transmite al gas, que es el insumo clave, es la variable a determinar', aseguró el economista Felipe Alarcón de Euroamerica para La Tercera. Según estimaciones realizadas por Juan Mendiburu, presidente de Indupan, el aumento en el precio del kilo de pan podría situarse en torno al 10%: 'Sin considerar la potencial alza de materias primas, el alza final por kilo de pan podría situarse entre un 5% y un 10%'. Marcelo Alonso, presidente de ChilePan, señaló que gran parte de la cadena de producción se verá afectada por el incremento en los precios de los combustibles, desde la etapa de horneado hasta la distribución en los locales. Explicó que 'El petróleo o el gas son fundamentales (para los hornos), porque no podemos usar leña en Santiago. Después está la cadena de distribución: nuestros principales distribuidores de pan son los almacenes pequeños, que son los que son abastecidos por las panaderías, y el pan se tiene que entregar en vehículos motorizados que son a petróleo, bencina'. Fuente: Meganoticias
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Un estudiante de 18 años acusado de llevar a cabo un ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, región de Antofagasta, quedó en prisión preventiva luego de la trágica muerte de una inspectora del establecimiento el pasado viernes 27 de marzo. La jueza a cargo estableció un plazo de 180 días para la investigación, con una audiencia programada para el 25 de junio y control de plazo para el 28 de septiembre del mismo año. La decisión fue tomada durante la audiencia de formalización, donde el Ministerio Público presentó pruebas que revelan la gravedad del caso y la planificación detrás del ataque. El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, detalló que el acusado enfrenta cargos por homicidio, homicidios frustrados e infracciones a la Ley de Armas. Según informó Antofagasta TV, uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía fue un cuaderno incautado en el domicilio del joven, titulado Día de Ira, donde detallaba sus intenciones y motivaciones para el ataque. El fiscal explicó que el acusado había planificado inicialmente el atentado para el 15 de mayo, apuntando a estudiantes de primero básico como objetivo principal. Además, cualquier persona que se interpusiera en su camino también sería atacada. Peña señaló durante la audiencia que el autor conocía las rutinas y debilidades de seguridad del plantel educativo, demostrando claridad sobre el lugar, objetivos y ejecución del ataque. Aunque no se ha determinado con precisión cuándo comenzó la planificación, la Fiscalía destacó que el nivel de detalle del cuaderno evidencia una preparación previa significativa. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público al considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad. Por lo tanto, se ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo este martes la destitución de varias jefaturas relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda, como parte de un proceso de reestructuración interno impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según un comunicado oficial, las desvinculaciones entrarán en vigencia a partir del miércoles 1 de abril de 2026, y los reemplazos para los puestos vacantes se anunciarán durante ese mismo mes. Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa, señaló la misiva. Entre las personas afectadas por esta decisión se encuentran la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, así como otras autoridades del equipo como Tamara Lagos, Magdalena Garcés y Marcelo Orellana. Por otro lado, el subsecretario Pablo Mira confirmó que tres funcionarios de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda fueron despedidos debido a que ocupaban cargos de exclusiva confianza y no presentaron su renuncia a principios de marzo. Desde el Ejecutivo explicaron que los ajustes buscan mejorar la gestión y el uso de recursos públicos. La Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que los cambios se realizaron considerando criterios como capacidades personales, continuidad en las funciones, liderazgo efectivo y confianza. A pesar de las salidas mencionadas, se garantizó que el Plan Nacional de Búsqueda continuará operando sin interrupciones. Además, se ratificó la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos humanos, incluyendo el Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional de Búsqueda fue establecido en agosto de 2023 durante la gestión del entonces presidente Gabriel Boric. Su propósito es esclarecer sistemáticamente las circunstancias relacionadas con desapariciones forzadas en el país, siguiendo estándares internacionales. Fuente: CNN Chile País
