La senadora Camila Flores ha presentado una denuncia por la filtración de imágenes íntimas sin su consentimiento, lo que ha generado un debate sobre las sanciones contempladas en la legislación chilena para este tipo de conductas. El caso salió a la luz después de que la parlamentaria denunciara la circulación de fotografías y videos de carácter sexual captados por una cámara de seguridad instalada en su hogar. Ante estos hechos, varias autoridades han expresado su apoyo a Flores y han condenado la difusión del contenido, mientras que se lleva a cabo una investigación para determinar posibles responsabilidades. La Ley 21.675, que aborda la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, considera la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento como una forma de violencia sexual. Dentro de esta normativa se establece que aquellos que exhiban registros de carácter sexual sin autorización pueden enfrentar penas de hasta 60 días de prisión y multas que oscilan entre 5 y 10 UTM. Sin embargo, cuando hay envío, publicación o difusión del material, las sanciones son más severas. En estos casos, la ley contempla penas que van desde 61 hasta 540 días de cárcel, además de multas entre 11 y 20 UTM. Fuente: ADN Radio Nacional
En un operativo que sacudió los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso, personal del OS-9 de Carabineros ejecutó la mañana de este miércoles, una entrada y registro en las dependencias de la parlamentaria Camila Flores. La diligencia, coordinada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, buscó levantar evidencia clave en el marco de una indagatoria penal que involucra el uso de asignaciones parlamentarias y presuntas irregularidades en el pago de asesorías. El procedimiento comenzó temprano, cuando los efectivos policiales ingresaron al edificio legislativo con una orden judicial en mano. Centraron su labor en el retiro de computadores, dispositivos electrónicos y carpetas con documentación contable. Este movimiento judicial surge tras una serie de denuncias que apuntan a un posible fraude al fisco, centrando la lupa en cómo se gestionaron los dineros públicos destinados al trabajo territorial y legislativo de la oficina. Desde el Ministerio Público indicaron que la diligencia resultó indispensable para avanzar en la carpeta investigativa. Según fuentes vinculadas al caso, se busca establecer si los servicios contratados se realizaron efectivamente o si existió un desvío de fondos hacia fines ajenos a la labor del Senado. Una voz oficial dentro del recinto comentó sobre la situación: “Se trata de un procedimiento estándar dentro de una investigación de esta complejidad, donde la recolección de material digital es prioritaria para determinar responsabilidades”. Por su parte, el entorno de la legisladora intentó bajarle el perfil a la situación, aunque el ambiente en Valparaíso se notó tenso durante toda la jornada. Tras el operativo, el equipo de comunicaciones de la oficina afectada emitió una breve declaración pública para fijar su postura frente a los hechos. En dicho texto señalaron: “La parlamentaria prestó toda la colaboración necesaria a los funcionarios policiales y entregó de manera voluntaria los elementos solicitados para agilizar el proceso”. A pesar de la calma aparente que intentó proyectar la defensa, este allanamiento representa un momento crítico en la carrera política de Flores. La justicia ahora periciará cada correo electrónico y cada boleta incautada para confirmar si los montos coinciden con las actividades declaradas ante el Consejo de Asignaciones. “No descartamos nuevas citaciones a declarar para todos los involucrados en la administración de estos recursos”, sentenció una fuente de la Fiscalía tras finalizar el retiro de las especies. El caso quedó bajo reserva parcial mientras se analizan los datos obtenidos en este polémico miércoles de fiscalización. Fuente: Publimetro
La senadora Camila Flores ha presentado una denuncia por la filtración de imágenes íntimas sin su consentimiento, lo que ha generado un debate sobre las sanciones contempladas en la legislación chilena para este tipo de conductas. El caso salió a la luz después de que la parlamentaria denunciara la circulación de fotografías y videos de carácter sexual captados por una cámara de seguridad instalada en su hogar. Ante estos hechos, varias autoridades han expresado su apoyo a Flores y han condenado la difusión del contenido, mientras que se lleva a cabo una investigación para determinar posibles responsabilidades. La Ley 21.675, que aborda la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, considera la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento como una forma de violencia sexual. Dentro de esta normativa se establece que aquellos que exhiban registros de carácter sexual sin autorización pueden enfrentar penas de hasta 60 días de prisión y multas que oscilan entre 5 y 10 UTM. Sin embargo, cuando hay envío, publicación o difusión del material, las sanciones son más severas. En estos casos, la ley contempla penas que van desde 61 hasta 540 días de cárcel, además de multas entre 11 y 20 UTM. Fuente: ADN Radio Nacional
En un operativo que sacudió los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso, personal del OS-9 de Carabineros ejecutó la mañana de este miércoles, una entrada y registro en las dependencias de la parlamentaria Camila Flores. La diligencia, coordinada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, buscó levantar evidencia clave en el marco de una indagatoria penal que involucra el uso de asignaciones parlamentarias y presuntas irregularidades en el pago de asesorías. El procedimiento comenzó temprano, cuando los efectivos policiales ingresaron al edificio legislativo con una orden judicial en mano. Centraron su labor en el retiro de computadores, dispositivos electrónicos y carpetas con documentación contable. Este movimiento judicial surge tras una serie de denuncias que apuntan a un posible fraude al fisco, centrando la lupa en cómo se gestionaron los dineros públicos destinados al trabajo territorial y legislativo de la oficina. Desde el Ministerio Público indicaron que la diligencia resultó indispensable para avanzar en la carpeta investigativa. Según fuentes vinculadas al caso, se busca establecer si los servicios contratados se realizaron efectivamente o si existió un desvío de fondos hacia fines ajenos a la labor del Senado. Una voz oficial dentro del recinto comentó sobre la situación: “Se trata de un procedimiento estándar dentro de una investigación de esta complejidad, donde la recolección de material digital es prioritaria para determinar responsabilidades”. Por su parte, el entorno de la legisladora intentó bajarle el perfil a la situación, aunque el ambiente en Valparaíso se notó tenso durante toda la jornada. Tras el operativo, el equipo de comunicaciones de la oficina afectada emitió una breve declaración pública para fijar su postura frente a los hechos. En dicho texto señalaron: “La parlamentaria prestó toda la colaboración necesaria a los funcionarios policiales y entregó de manera voluntaria los elementos solicitados para agilizar el proceso”. A pesar de la calma aparente que intentó proyectar la defensa, este allanamiento representa un momento crítico en la carrera política de Flores. La justicia ahora periciará cada correo electrónico y cada boleta incautada para confirmar si los montos coinciden con las actividades declaradas ante el Consejo de Asignaciones. “No descartamos nuevas citaciones a declarar para todos los involucrados en la administración de estos recursos”, sentenció una fuente de la Fiscalía tras finalizar el retiro de las especies. El caso quedó bajo reserva parcial mientras se analizan los datos obtenidos en este polémico miércoles de fiscalización. Fuente: Publimetro
