El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
Las negociaciones entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio, propietaria del terreno ocupado por la megatoma en Cerro Centinela, han concluido sin acuerdo, dejando en suspenso la situación de más de 10 mil personas que habitan la toma más grande de la región. La falta de consenso, principalmente por diferencias insalvables en la tasación del terreno, ha sido el principal obstáculo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Comisión Técnica instalada para evaluar las condiciones de una eventual compraventa del predio cerró su trabajo sin resultados positivos. Pese a 17 sesiones y propuestas concretas del Estado, no se logró avanzar en un acuerdo aceptable para ambas partes. Según informó el Minvu, el precio del terreno exigido por los propietarios triplica el valor calculado por el ministerio y no es financieramente viable para las familias ni para el Estado. Las propuestas del Gobierno fueron rechazadas sin ofrecer alternativas ni mostrar disposición real a negociar. El terreno del Cerro Centinela está bajo orden de desalojo tras un fallo judicial confirmado por la Corte Suprema. La megatoma, que comenzó en octubre de 2019 y abarca 215 hectáreas, alberga a más de 10 mil personas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Para evitar una crisis humanitaria, el Gobierno propuso que las familias organizadas en cooperativas cerradas de vivienda pudieran adquirir directamente el terreno. A pesar del desacuerdo en el valor de venta, el Minvu logró formalizar el 90% de las familias en cooperativas y explorar mecanismos de financiamiento con BancoEstado. A pesar del resultado actual, el Ministerio de Vivienda reiteró su disposición a seguir trabajando para viabilizar la adquisición del terreno por parte de las familias y llamó a los propietarios a reconsiderar su postura. Fuente: CNN Chile País
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
Las negociaciones entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio, propietaria del terreno ocupado por la megatoma en Cerro Centinela, han concluido sin acuerdo, dejando en suspenso la situación de más de 10 mil personas que habitan la toma más grande de la región. La falta de consenso, principalmente por diferencias insalvables en la tasación del terreno, ha sido el principal obstáculo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Comisión Técnica instalada para evaluar las condiciones de una eventual compraventa del predio cerró su trabajo sin resultados positivos. Pese a 17 sesiones y propuestas concretas del Estado, no se logró avanzar en un acuerdo aceptable para ambas partes. Según informó el Minvu, el precio del terreno exigido por los propietarios triplica el valor calculado por el ministerio y no es financieramente viable para las familias ni para el Estado. Las propuestas del Gobierno fueron rechazadas sin ofrecer alternativas ni mostrar disposición real a negociar. El terreno del Cerro Centinela está bajo orden de desalojo tras un fallo judicial confirmado por la Corte Suprema. La megatoma, que comenzó en octubre de 2019 y abarca 215 hectáreas, alberga a más de 10 mil personas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Para evitar una crisis humanitaria, el Gobierno propuso que las familias organizadas en cooperativas cerradas de vivienda pudieran adquirir directamente el terreno. A pesar del desacuerdo en el valor de venta, el Minvu logró formalizar el 90% de las familias en cooperativas y explorar mecanismos de financiamiento con BancoEstado. A pesar del resultado actual, el Ministerio de Vivienda reiteró su disposición a seguir trabajando para viabilizar la adquisición del terreno por parte de las familias y llamó a los propietarios a reconsiderar su postura. Fuente: CNN Chile País
