Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La jornada de este martes - tras casi un año después de su ingreso- la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, que ahora seguirá su trámite legislativo en el Senado. Tras la reposición de la urgencia por parte del Gobierno, la iniciativa avanzó en su trámite con 142 votos a favor, a excepción de algunas indicaciones o artículos. Cabe destacar que entre las principales propuestas está el ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos; revocar permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas a la convivencia; y aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Asimismo, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante. Lo anterior, en su conjunto, no sólo modifica sino que endurece las penas relativas a la concreción de ilícitos. Así, un gran número de parlamentarios valoraron la decisión apelando a que el proyecto va en busca de mayor orden y seguridad para el país. El diputado por Atacama Renzo Trisotti (Republicanos) sostuvo que, mediante este proyecto, se termina ese romanticismo y voluntarismo de algunos sectores de izquierda que establecía, sin limitaciones, el derecho a migrar o que 'nadie es ilegal'. Por su parte, desde la bancada RN, puntualizaron en el derecho de los chilenos por sobre los extranjeros en acceso a la educación y salud. En ese sentido, destacaron que “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales”. En tanto, desde el oficialismo enfatizaron en la visación del trámite. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio (FA) dijo que el proyecto va en la línea de “atender una necesidad de la ciudadanía, que tiene que ver con mejorar los procedimientos migratorios. Abordar algunas problemáticas que hoy no están cubiertas, y eso me parece relevante”. Por último, el diputado por Antofagasta Jaime Araya (ind-PPD) resaltó que la norma también tipifica como delito el traslado de migrantes en situación irregular, de modo que termina con el negocio de aquellos que lucran con este fenómeno.Se acaba la posibilidad de transportar migrantes irregulares por la frontera. Muchas veces, en la región que yo represento, se cobran 200 mil o 150 mil pesos por cerca de 50 kilómetros de recorrido que hay entre la frontera y San Pedro de Atacama. Por lo tanto, se le acaba el negocio a los que lucran con la migración irregular, valoró. Con todo, la Comisión de Gobierno de la Cámara pondrá en tabla este miércoles un proyecto que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión, que complementaría la propuesta aprobada hoy por la Sala.
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La jornada de este martes - tras casi un año después de su ingreso- la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, que ahora seguirá su trámite legislativo en el Senado. Tras la reposición de la urgencia por parte del Gobierno, la iniciativa avanzó en su trámite con 142 votos a favor, a excepción de algunas indicaciones o artículos. Cabe destacar que entre las principales propuestas está el ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos; revocar permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas a la convivencia; y aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Asimismo, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante. Lo anterior, en su conjunto, no sólo modifica sino que endurece las penas relativas a la concreción de ilícitos. Así, un gran número de parlamentarios valoraron la decisión apelando a que el proyecto va en busca de mayor orden y seguridad para el país. El diputado por Atacama Renzo Trisotti (Republicanos) sostuvo que, mediante este proyecto, se termina ese romanticismo y voluntarismo de algunos sectores de izquierda que establecía, sin limitaciones, el derecho a migrar o que 'nadie es ilegal'. Por su parte, desde la bancada RN, puntualizaron en el derecho de los chilenos por sobre los extranjeros en acceso a la educación y salud. En ese sentido, destacaron que “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales”. En tanto, desde el oficialismo enfatizaron en la visación del trámite. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio (FA) dijo que el proyecto va en la línea de “atender una necesidad de la ciudadanía, que tiene que ver con mejorar los procedimientos migratorios. Abordar algunas problemáticas que hoy no están cubiertas, y eso me parece relevante”. Por último, el diputado por Antofagasta Jaime Araya (ind-PPD) resaltó que la norma también tipifica como delito el traslado de migrantes en situación irregular, de modo que termina con el negocio de aquellos que lucran con este fenómeno.Se acaba la posibilidad de transportar migrantes irregulares por la frontera. Muchas veces, en la región que yo represento, se cobran 200 mil o 150 mil pesos por cerca de 50 kilómetros de recorrido que hay entre la frontera y San Pedro de Atacama. Por lo tanto, se le acaba el negocio a los que lucran con la migración irregular, valoró. Con todo, la Comisión de Gobierno de la Cámara pondrá en tabla este miércoles un proyecto que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión, que complementaría la propuesta aprobada hoy por la Sala.
