En una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, llevada a cabo esta mañana de miércoles, la contralora (s) Dorothy Pérez expuso detalladamente las irregularidades detectadas en las contrataciones de obras destinadas al evento, ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND). La máxima representante de la Contraloría General de la República confirmó que se ha acudido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la falta de rendición de recursos. En su intervención, Pérez informó que se encuentran en revisión un total de 21 resoluciones destinadas a evaluar la legalidad de las contrataciones de obras relacionadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. La contralora (s) señaló que se ha enviado al CDE una documentación que abarca un monto total de 194 mil millones de pesos, el cual aún no ha sido rendido, enfatizando que esta medida se tomó para resguardar los intereses fiscales. Hasta la fecha, solo se ha rendido el 31,5% del total de los recursos destinados a los Juegos, de los cuales solo el 5,2% fue aprobado. La Contraloría registró observaciones por un monto de $50 mil millones, solicitando el reintegro de 463 millones de pesos. Estas cifras revelan una gestión financiera cuestionable por parte del Instituto Nacional de Deportes. Entre las acciones emprendidas por la Contraloría, se destacan tres oficios de auditoría en curso. En primer lugar, se examinarán detalladamente todos los recursos transferidos por el IND a la Corporación Santiago 2023, revisando las rendiciones de cuentas correspondientes y determinando si ha habido reintegros de fondos. En segundo lugar, se busca obtener detalles sobre las gestiones y causas de las rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020. Dentro de este marco, se fiscalizarán las acciones para la restitución de $49 millones observados, se informará sobre plazos y ampliaciones para rendiciones desde 2019 al 2023, y se verificarán las acciones legales que se hayan emprendido. Finalmente, la Contraloría espera acceder al detalle de los recursos transferidos vía convenios, así como información detallada sobre rendiciones de cuentas pendientes y posibles reintegros de fondos.
En una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, llevada a cabo esta mañana de miércoles, la contralora (s) Dorothy Pérez expuso detalladamente las irregularidades detectadas en las contrataciones de obras destinadas al evento, ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND). La máxima representante de la Contraloría General de la República confirmó que se ha acudido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la falta de rendición de recursos. En su intervención, Pérez informó que se encuentran en revisión un total de 21 resoluciones destinadas a evaluar la legalidad de las contrataciones de obras relacionadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. La contralora (s) señaló que se ha enviado al CDE una documentación que abarca un monto total de 194 mil millones de pesos, el cual aún no ha sido rendido, enfatizando que esta medida se tomó para resguardar los intereses fiscales. Hasta la fecha, solo se ha rendido el 31,5% del total de los recursos destinados a los Juegos, de los cuales solo el 5,2% fue aprobado. La Contraloría registró observaciones por un monto de $50 mil millones, solicitando el reintegro de 463 millones de pesos. Estas cifras revelan una gestión financiera cuestionable por parte del Instituto Nacional de Deportes. Entre las acciones emprendidas por la Contraloría, se destacan tres oficios de auditoría en curso. En primer lugar, se examinarán detalladamente todos los recursos transferidos por el IND a la Corporación Santiago 2023, revisando las rendiciones de cuentas correspondientes y determinando si ha habido reintegros de fondos. En segundo lugar, se busca obtener detalles sobre las gestiones y causas de las rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020. Dentro de este marco, se fiscalizarán las acciones para la restitución de $49 millones observados, se informará sobre plazos y ampliaciones para rendiciones desde 2019 al 2023, y se verificarán las acciones legales que se hayan emprendido. Finalmente, la Contraloría espera acceder al detalle de los recursos transferidos vía convenios, así como información detallada sobre rendiciones de cuentas pendientes y posibles reintegros de fondos.
