Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra llevando a cabo una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en distintas regiones del país, como parte de las investigaciones en curso por el Caso Convenios. Estas diligencias están siendo realizadas por orden del Ministerio Público, que está investigando los convenios realizados a través de trato directo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y fundaciones privadas. Hasta el momento, el operativo incluye la oficina central del Minvu en Santiago, así como otras dependencias en Tarapacá y Rancagua. Sin embargo, también abarcaría otras zonas del país donde se han documentado convenios irregulares, como Antofagasta, Bío Bío y Los Lagos, entre otros.
En menos de una semana se han llevado a cabo dos importantes decomisos de fentanilo, una peligrosa sustancia conocida como ladroga zombie. El último caso ocurrió el martes, cuando la Policía de Investigaciones realizó un operativo en Coronel, Región del Biobío, donde detuvieron a una mujer de 51 años que tenía en su posesión fentanilo. Después de su formalización, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Poco después, se produjo otro decomiso en el paso fronterizo de Pino Hachado, en La Araucanía, donde funcionarios de Aduanas descubrieron que un pasajero de un autobús proveniente de Argentina llevaba tres frascos de líquido no declarado. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de fentanilo, con un peso total de 320 gramos de la droga. El Juzgado de Curacautín decretó prisión preventiva para el ciudadano argentino. Ante esta situación, Gonzalo Santander, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas de la Policía de Investigaciones, señaló en una entrevista con Radio ADN queen los últimos años, el fentanilo se ha mantenido constante en las incautaciones, y es exclusivamente el que se ha desviado del área hospitalaria. Agregó quelo que hemos incautado responde netamente a lo desviado por el área hospitalaria, no es fentanilo de producción ilícita. Además, afirmó quenunca hemos descartado la opción de que esta sustancia llegue al país, por eso estamos siempre alerta en el control de fronteras. Santander explicó queel fentanilo que se desvía a nivel hospitalario es principalmente por las personas que tienen acceso a la sustancia. (...) De alguna forma desvían el fentanilo, ya sea las mermas que quedan de las operaciones o también ampollas que se mantienen en el lugar. En noviembre del año pasado, se detectó por primera vez la presencia de fentanilo fuera de los centros asistenciales en el país, donde se utiliza como medicamento para tratar dolores intensos, especialmente después de una cirugía. Esto llevó al Instituto de Salud Pública a emitir un informe al respecto. El fentanilo es un opioide sintético conocido como la droga zombie debido al comportamiento que provoca en los consumidores. Su potencia es 100 veces mayor que la morfina y 50 veces superior a la heroína. Su consumo se ha convertido en una crisis sanitaria en países como Estados Unidos, donde actualmente es la principal causa de muerte en la población de entre 18 y 49 años, provocando la sobredosis de más de 70,000 personas el año pasado. Sin embargo, Santander aseguró quela diferencia con la sustancia que circula en EE.UU. es que se desconocen las dosis que la componen, y es lo que ha provocado las muertes en ese país.
Después de ser condecorada con la medalla de bronce en el Ciclismo de Ruta contrarreloj el pasado domingo en Santiago 2023. La deportista nacional, Aranza Villalón, sorprendió a todos los medios al comunicar que su hermano habría sido asesinado días previos a su participación en este evento deportivo. “Quiero hacer un llamado a las autoridades, al Presidente. Hace unos días perdí a mi hermano en manos de un sicario y de verdad es muy, muy duro. Y quiero decirles que quiero hacer justicia por él”, comentaba la ciclista. Justicia que al parecer llegó esta tarde, ya que la Policía de Investigaciones informó la detención de uno de los responsables en el asesinato del familiar de la deportista nacional, el cual ocurrió la madrugada del 19 de octubre. Lo último que se sabía de este caso, fue lo informado la mañana del pasado jueves, cuando se reportó la muerte de un hombre de 34 años, el cual fue abordado por unos desconocidos al interior de un vehículo, cuando caminaba por la intersección de avenida Trinidad con Santa Raquel. Desde ahí, los responsables comenzaron una serie de disparos hacia la víctima, la cual recibió un tiro directo en la cabeza, lo que terminó por causarle la muerte en el lugar. Hasta ese momento, se desconocía la identidad de la víctima de aquel terrible incidente. Pero, que de manera lamentable terminó siendo Misrain Alexis Vilallón Sánchez, hermano de la ciclista nacional. Mi hermanito debe estar feliz arriba” 🥉🇨🇱 Aranza Villalón se mostró emocionada recordando a su hermano luego de conseguir la medalla de bronce en el ciclismo ruta contrarreloj 🚴♀️⏰ #Stgo2023xCDO #CDOelcanaldetodoslosdeportes pic.twitter.com/yRY7jvhNtM — CANAL CDO (@canal_CDO) October 22, 2023
Este pasado jueves, la Fiscalía de Pudahuel y la Brigada del Crimen Organizado de la PDI llevaron a cabo una operación que resultó en la detención de cinco personas acusadas de tráfico de armas. De manera sorprendente, cuatro de los detenidos son funcionarios activos del Ejército chileno, donde el operativo incluyó la participación de un agente encubierto de la PDI, quien se hizo pasar por un comprador interesado en un lanzacohete modelo AT4 que se ofrecía por la suma de dos millones de pesos. Este letal dispositivo estaba siendo vendido por J.J.S.S., el único civil detenido en la operación. Fue en este punto que se procedió a su detención, y durante el interrogatorio, J.J.S.S. confesó que había adquirido el arma de guerra de C.E.P.D., un funcionario activo del Ejército. Según la versión proporcionada por J.J.S.S., él y C.E.P.D. habían pactado un acuerdo en el que ambos recibirían un millón de pesos por la venta del lanzacohetes. Este testimonio fue suficiente para obtener una orden de registro en la vivienda de C.E.P.D., quien, al momento de su detención, señaló que el lanzacohetes se lo había entregado el teniente E.E.M.A., cuyo domicilio estaba en La Florida. La investigación avanzó aún más, y se identificó que el teniente E.E.M.A. también había proporcionado un dispositivo similar a un cabo primero, J.A.T.B. En consecuencia, las autoridades ingresaron a la vivienda de E.E.M.A. alrededor de las 23:20 horas, donde incautaron una escopeta calibre 16, registrada a nombre de un individuo fallecido en 2022 y sin vínculos familiares conocidos con el teniente. Además, se confiscaron 16 cartuchos calibre 12, 18 cartuchos calibre 16, tres cartuchos calibre 38, ocho cartuchos 556 de calibre de guerra y 24 cartuchos 762 de calibre de guerra. E.E.M.A. admitió durante el interrogatorio que también había entregado un dispositivo similar a un lanzacohetes a una mujer llamada R.V.D.J. en San Miguel. Fuentes cercanas a la institución castrense revelaron que el material que se estaba comercializando ilegalmente era, en realidad, el envase vacío y ya utilizado de un lanzacohetes, es decir, la carcasa de un AT-4, lo cual una vez disparado, no es reutilizable.
El 'Caso Convenios' ha experimentado un nuevo desarrollo con la incautación de material por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) en las instalaciones del Gobierno Regional de Arica. Esta operación, llevada a cabo en la mañana de este miércoles, fue solicitada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la investigación en la región de Atacama por presunto fraude al fisco. Testigos presenciales relatan que la PDI permaneció en las oficinas regionales durante aproximadamente una hora, solicitando la entrega de información a través de un dispositivo USB. El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. Cabe destacar que esta fundación, vinculada al partido PRO, se encuentra entre las que están siendo investigadas en el caso de los convenios gubernamentales. El caso de la Fundación Comprometidos llamó la atención inicialmente en la región de Atacama a finales de junio, cuando se reveló que había recibido $128 millones desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para proyectos de suministro de agua potable en Copiapó, a pesar de tener un enfoque principal en actividades cinematográficas y de servicios veterinarios. Sin embargo, la controversia no se limitó a Atacama, ya que la Fundación Comprometidos firmó dos convenios con el Gobierno Regional de Arica, por un monto total que superaba los $280 millones. Estos acuerdos estaban destinados a la implementación de un sistema de control canino y registro de mascotas en la región. En Arica, surgieron inquietudes y cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre miembros de la fundación y funcionarios del Gobierno Regional, quienes también formaban parte del partido en formaciónMejor Región, donde Sebastián Duarte, presidente de la Fundación Comprometidos, figura como uno de los fundadores. Las autoridades del Gobierno Regional de Arica aclararon a Mega Investiga que la acción de la PDI no constituyó un allanamient o, sino unaentrega voluntaria de información relacionada con la investigación sobre transferencias de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la Fundación Comprometidos para proyectos de suministro de agua en campamentos. El Ministerio Público en la región de Arica mantiene bajo escrutinio al menos tres fundaciones en relación con convenios similares. Uno de ellos es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica para un programa de emprendimiento, a pesar de carecer de experiencia en ese campo. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio en julio. Otra entidad bajo investigación es la Fundación Conecta Tea, que presta servicios a personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se firmó un convenio de $357,5 millones para un programa de atención gratuita, surgieron denuncias de que la organización estaba cobrando a las familias que participaban en el programa, así como acusaciones de falsificación de firmas y boletas falsas. Finalmente, la Fundación Deportiva Valcar, que firmó c onvenios relacionados con seguridad y salud, también está siendo investigada. El senador José Miguel Durana presentó evidencia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la falta de experiencia de la fundación en proyectos de seguridad y la limitada aprobación que recibió en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto sólo obtuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), mientras que siete consejeros regionales lo rechazaron y seis se abstuvieron.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra llevando a cabo una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en distintas regiones del país, como parte de las investigaciones en curso por el Caso Convenios. Estas diligencias están siendo realizadas por orden del Ministerio Público, que está investigando los convenios realizados a través de trato directo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y fundaciones privadas. Hasta el momento, el operativo incluye la oficina central del Minvu en Santiago, así como otras dependencias en Tarapacá y Rancagua. Sin embargo, también abarcaría otras zonas del país donde se han documentado convenios irregulares, como Antofagasta, Bío Bío y Los Lagos, entre otros.
En menos de una semana se han llevado a cabo dos importantes decomisos de fentanilo, una peligrosa sustancia conocida como ladroga zombie. El último caso ocurrió el martes, cuando la Policía de Investigaciones realizó un operativo en Coronel, Región del Biobío, donde detuvieron a una mujer de 51 años que tenía en su posesión fentanilo. Después de su formalización, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Poco después, se produjo otro decomiso en el paso fronterizo de Pino Hachado, en La Araucanía, donde funcionarios de Aduanas descubrieron que un pasajero de un autobús proveniente de Argentina llevaba tres frascos de líquido no declarado. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de fentanilo, con un peso total de 320 gramos de la droga. El Juzgado de Curacautín decretó prisión preventiva para el ciudadano argentino. Ante esta situación, Gonzalo Santander, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas de la Policía de Investigaciones, señaló en una entrevista con Radio ADN queen los últimos años, el fentanilo se ha mantenido constante en las incautaciones, y es exclusivamente el que se ha desviado del área hospitalaria. Agregó quelo que hemos incautado responde netamente a lo desviado por el área hospitalaria, no es fentanilo de producción ilícita. Además, afirmó quenunca hemos descartado la opción de que esta sustancia llegue al país, por eso estamos siempre alerta en el control de fronteras. Santander explicó queel fentanilo que se desvía a nivel hospitalario es principalmente por las personas que tienen acceso a la sustancia. (...) De alguna forma desvían el fentanilo, ya sea las mermas que quedan de las operaciones o también ampollas que se mantienen en el lugar. En noviembre del año pasado, se detectó por primera vez la presencia de fentanilo fuera de los centros asistenciales en el país, donde se utiliza como medicamento para tratar dolores intensos, especialmente después de una cirugía. Esto llevó al Instituto de Salud Pública a emitir un informe al respecto. El fentanilo es un opioide sintético conocido como la droga zombie debido al comportamiento que provoca en los consumidores. Su potencia es 100 veces mayor que la morfina y 50 veces superior a la heroína. Su consumo se ha convertido en una crisis sanitaria en países como Estados Unidos, donde actualmente es la principal causa de muerte en la población de entre 18 y 49 años, provocando la sobredosis de más de 70,000 personas el año pasado. Sin embargo, Santander aseguró quela diferencia con la sustancia que circula en EE.UU. es que se desconocen las dosis que la componen, y es lo que ha provocado las muertes en ese país.
Después de ser condecorada con la medalla de bronce en el Ciclismo de Ruta contrarreloj el pasado domingo en Santiago 2023. La deportista nacional, Aranza Villalón, sorprendió a todos los medios al comunicar que su hermano habría sido asesinado días previos a su participación en este evento deportivo. “Quiero hacer un llamado a las autoridades, al Presidente. Hace unos días perdí a mi hermano en manos de un sicario y de verdad es muy, muy duro. Y quiero decirles que quiero hacer justicia por él”, comentaba la ciclista. Justicia que al parecer llegó esta tarde, ya que la Policía de Investigaciones informó la detención de uno de los responsables en el asesinato del familiar de la deportista nacional, el cual ocurrió la madrugada del 19 de octubre. Lo último que se sabía de este caso, fue lo informado la mañana del pasado jueves, cuando se reportó la muerte de un hombre de 34 años, el cual fue abordado por unos desconocidos al interior de un vehículo, cuando caminaba por la intersección de avenida Trinidad con Santa Raquel. Desde ahí, los responsables comenzaron una serie de disparos hacia la víctima, la cual recibió un tiro directo en la cabeza, lo que terminó por causarle la muerte en el lugar. Hasta ese momento, se desconocía la identidad de la víctima de aquel terrible incidente. Pero, que de manera lamentable terminó siendo Misrain Alexis Vilallón Sánchez, hermano de la ciclista nacional. Mi hermanito debe estar feliz arriba” 🥉🇨🇱 Aranza Villalón se mostró emocionada recordando a su hermano luego de conseguir la medalla de bronce en el ciclismo ruta contrarreloj 🚴♀️⏰ #Stgo2023xCDO #CDOelcanaldetodoslosdeportes pic.twitter.com/yRY7jvhNtM — CANAL CDO (@canal_CDO) October 22, 2023
Este pasado jueves, la Fiscalía de Pudahuel y la Brigada del Crimen Organizado de la PDI llevaron a cabo una operación que resultó en la detención de cinco personas acusadas de tráfico de armas. De manera sorprendente, cuatro de los detenidos son funcionarios activos del Ejército chileno, donde el operativo incluyó la participación de un agente encubierto de la PDI, quien se hizo pasar por un comprador interesado en un lanzacohete modelo AT4 que se ofrecía por la suma de dos millones de pesos. Este letal dispositivo estaba siendo vendido por J.J.S.S., el único civil detenido en la operación. Fue en este punto que se procedió a su detención, y durante el interrogatorio, J.J.S.S. confesó que había adquirido el arma de guerra de C.E.P.D., un funcionario activo del Ejército. Según la versión proporcionada por J.J.S.S., él y C.E.P.D. habían pactado un acuerdo en el que ambos recibirían un millón de pesos por la venta del lanzacohetes. Este testimonio fue suficiente para obtener una orden de registro en la vivienda de C.E.P.D., quien, al momento de su detención, señaló que el lanzacohetes se lo había entregado el teniente E.E.M.A., cuyo domicilio estaba en La Florida. La investigación avanzó aún más, y se identificó que el teniente E.E.M.A. también había proporcionado un dispositivo similar a un cabo primero, J.A.T.B. En consecuencia, las autoridades ingresaron a la vivienda de E.E.M.A. alrededor de las 23:20 horas, donde incautaron una escopeta calibre 16, registrada a nombre de un individuo fallecido en 2022 y sin vínculos familiares conocidos con el teniente. Además, se confiscaron 16 cartuchos calibre 12, 18 cartuchos calibre 16, tres cartuchos calibre 38, ocho cartuchos 556 de calibre de guerra y 24 cartuchos 762 de calibre de guerra. E.E.M.A. admitió durante el interrogatorio que también había entregado un dispositivo similar a un lanzacohetes a una mujer llamada R.V.D.J. en San Miguel. Fuentes cercanas a la institución castrense revelaron que el material que se estaba comercializando ilegalmente era, en realidad, el envase vacío y ya utilizado de un lanzacohetes, es decir, la carcasa de un AT-4, lo cual una vez disparado, no es reutilizable.
El 'Caso Convenios' ha experimentado un nuevo desarrollo con la incautación de material por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) en las instalaciones del Gobierno Regional de Arica. Esta operación, llevada a cabo en la mañana de este miércoles, fue solicitada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la investigación en la región de Atacama por presunto fraude al fisco. Testigos presenciales relatan que la PDI permaneció en las oficinas regionales durante aproximadamente una hora, solicitando la entrega de información a través de un dispositivo USB. El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. Cabe destacar que esta fundación, vinculada al partido PRO, se encuentra entre las que están siendo investigadas en el caso de los convenios gubernamentales. El caso de la Fundación Comprometidos llamó la atención inicialmente en la región de Atacama a finales de junio, cuando se reveló que había recibido $128 millones desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para proyectos de suministro de agua potable en Copiapó, a pesar de tener un enfoque principal en actividades cinematográficas y de servicios veterinarios. Sin embargo, la controversia no se limitó a Atacama, ya que la Fundación Comprometidos firmó dos convenios con el Gobierno Regional de Arica, por un monto total que superaba los $280 millones. Estos acuerdos estaban destinados a la implementación de un sistema de control canino y registro de mascotas en la región. En Arica, surgieron inquietudes y cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre miembros de la fundación y funcionarios del Gobierno Regional, quienes también formaban parte del partido en formaciónMejor Región, donde Sebastián Duarte, presidente de la Fundación Comprometidos, figura como uno de los fundadores. Las autoridades del Gobierno Regional de Arica aclararon a Mega Investiga que la acción de la PDI no constituyó un allanamient o, sino unaentrega voluntaria de información relacionada con la investigación sobre transferencias de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la Fundación Comprometidos para proyectos de suministro de agua en campamentos. El Ministerio Público en la región de Arica mantiene bajo escrutinio al menos tres fundaciones en relación con convenios similares. Uno de ellos es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica para un programa de emprendimiento, a pesar de carecer de experiencia en ese campo. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio en julio. Otra entidad bajo investigación es la Fundación Conecta Tea, que presta servicios a personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se firmó un convenio de $357,5 millones para un programa de atención gratuita, surgieron denuncias de que la organización estaba cobrando a las familias que participaban en el programa, así como acusaciones de falsificación de firmas y boletas falsas. Finalmente, la Fundación Deportiva Valcar, que firmó c onvenios relacionados con seguridad y salud, también está siendo investigada. El senador José Miguel Durana presentó evidencia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la falta de experiencia de la fundación en proyectos de seguridad y la limitada aprobación que recibió en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto sólo obtuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), mientras que siete consejeros regionales lo rechazaron y seis se abstuvieron.
