Esta es una de las medidas de la agenda social anunciada por el Presidente Piñera, y que beneficiará a las familias chilenas.

Valparaíso, miércoles 30 de octubre de 2019

El Congreso aprobó esta mañana el proyecto de ley presentado por el Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, que congela las tarifas eléctricas para clientes regulados.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas para apoyar a las familias más vulnerables y a la clase media, en el contexto de la Nueva Agenda Social del Gobierno. 

“Esta es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos. Además de congelar las tarifas hasta diciembre del 2021, permitirá adelantar la baja de tarifas que se esperaba a partir del 2023, producto del ingreso de las energías renovables y otros contratos más baratos, y neutralizar el efecto del dólar, factor que más ha influido en la tarifa eléctrica este año”, explicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 

El efecto inmediato de la ley es que las cuentas van a volver a los montos que tenían antes de la última alza del segundo semestre de este año -9,2%-, y que se comenzó a cobrar este mes, por lo que esa alza se retrotraerá.

“Estamos conscientes de la importancia de las cuentas de la luz en el presupuesto familiar, por eso estábamos analizando una forma de ir en ayuda de los chilenos, proceso al que pusimos máxima prioridad en los últimos días. Este mecanismo de estabilización requirió un profundo análisis técnico y un diálogo político transversal: con representantes de gobierno y de oposición, diputados y senadores, con consultores y con las empresas… y en menos de 3 días de tramitación logramos aprobarlo”, agregó.  

El mecanismo de estabilización fue diseñado de manera tal que la variación en las tarifas de la electricidad que experimentan las personas, algunas veces abruptas, serán asumidas por las empresas de generación eléctrica.

Asimismo, Jobet destacó que este mecanismo se suma a otros cambios para modernizar el sector de energía en los que el ministerio trabaja intensamente, como la ley corta de distribución que se tramita actualmente en el Senado y que disminuirá la rentabilidad de las empresas, y la ley larga de distribución que busca, entre otras materias, mejorar la calidad de servicio que reciben los usuarios y entregarles mayor competencia.