Ministro Monsalve asegura que el Presidente Boric vetaría proyecto que reintegra la justicia militar
Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares
el viernes pasado a las 15:43
el viernes pasado a las 15:38
el miércoles pasado a las 16:01
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado.
Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático.
El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales.
Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
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