Tras un mes de juicio oral, la fiscalía de Alto Hospicio logró condenar a diez miembros de una agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas en las regiones de Tarapacá y Bíobío. Esta organización obtenía las sustancias ilícitas en Bolivia a cambio de vehículos clonados que sacaban de Chile.

La investigación comenzó en marzo de 2021 por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en colaboración con la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Iquique. Durante el juicio, se pudo comprobar la existencia de esta estructura criminal y su modus operandi. Los sujetos no identificados en Bolivia recibían dinero o vehículos robados o clonados como pago por la droga, los cuales eran trasladados desde la zona central del país.

Los miembros de la organización recibían la droga en las cercanías de Colchane y la transportaban y almacenaban en Alto Hospicio antes de ser distribuida en la región del Bíobío, donde era sometida a procesos de "abultamiento". El líder de la organización era Cristian Espinoza Muñoz, residente en Concepción, y su brazo derecho era José Miguel Cereceda Luengo, encargado de suministrar los vehículos robados o clonados. Otros miembros de la organización también apoyaban directamente el negocio.En la región de Tarapacá, Stalyn Quintero Macías y Alexis Castillo Castillo, encargados de establecer los nexos con proveedores bolivianos, realizaban viajes a Bolivia e intercambiaban los vehículos traídos desde el sur del país para financiar las remesas de droga. También tenían un papel relevante en la organización Hugo Reyes Carrasco y Nelson Rojas Guerra, miembros del club de motociclistas "Hells Angels", quienes utilizaban las instalaciones del club para coordinar y realizar los pagos relacionados con las operaciones de tráfico de drogas.

Durante el juicio, los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Iquique declararon sobre las diligencias investigativas realizadas, incluyendo seguimientos e intervenciones telefónicas, que permitieron desmantelar la organización y confiscar más de 22 kilos de cocaína y marihuana, así como sustancias precursoras y armas de fuego.

El tribunal resolvió condenar a todos los acusados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, imponiendo penas que van desde 12 años hasta 5 años y un día de presidio. Además, cuatro de ellos fueron condenados por tráfico y tenencia de armas de fuego, dos por tenencia de municiones y uno por receptación de vehículo. En total, las penas suman cerca de 130 años de presidio, que deberán cumplirse de manera efectiva.

El tribunal también accedió a la solicitud de la fiscalía y decretó el comiso de 9 vehículos utilizados por la organización en sus actividades criminales.